Renovación Popular guarda silencio sobre su alcalde Rubén Cano, aliado de López Aliaga e implicado en mafia de cupos en Gamarra

El partido no se ha pronunciado ante la investigación que vincula al burgomaestre de La Victoria con una red de extorsión y cobro de cupos a comerciantes en el emporio de Gamarra

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Renovación Popular no ha respondido públicamente sobre la investigación fiscal que vincula a Rubén Cano, alcalde de La Victoria y aliado de Rafael López Aliaga, con una red de extorsión y cobro de cupos en Gamarra

El partido Renovación Popular, que postula a Rafael López Aliaga como candidato a la presidencia, permanece en silencio hasta este miércoles respecto a la situación del alcalde del distrito limeño de La Victoria, Rubén Cano, quien pertenece a sus filas y está vinculado a una organización criminal dedicada a la extorsión de comerciantes y cobro de cupos en el emporio comercial de Gamarra.

Cano, aliado político de López Aliaga, ha sido mencionado por el aspirante como “querido” en plataformas sociales y eventos partidarios. Según la investigación, el burgomaestre ocupa un lugar central dentro de la presunta organización criminal ‘Los Pulpos de La Victoria’ en calidad de facilitador.

El expediente fiscal indica que, bajo su gestión, la municipalidad habría permitido el ingreso de personas con antecedentes penales para supervisar áreas específicas de Gamarra.

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“El alcalde dispuso el ingreso de trabajadores a la subgerencia de operaciones de fiscalización desde 2024, encargados de la administración del personal, contrataciones y pagos de haberes, favoreciendo a la organización criminal liderada por Juan Manuel Núñez Castro”, señala un documento difundido por La Contra.

Cano figura como facilitador clave dentro de la estructura de la presunta organización criminal ‘Los Pulpos de La Victoria’, según la investigación fiscal

La investigación identifica puntualmente a Wilson Mego Fuentes como responsable administrativo de la Subgerencia de Operaciones de Fiscalización, quien habría aceptado personal no calificado por disposición de Cano, sin revisión de antecedentes judiciales ni policiales. “Se contrató personal tras el pago de S/ 300 para asegurar el puesto, asignando funciones y sueldos elevados según requerimiento de los funcionarios”, puntualiza el documento.

La tesis refiere además que, si algún fiscalizador se oponía a la estructura criminal, podía ser asesinado, como ocurrió con el agente Deberin Chihuan Ruiz en 2023. La Fiscalía de crimen organizado cuenta con varios testimonios en reserva que apuntan a la complicidad de la comuna y la autoridad edil, cuya vivienda fue allanada recientemente.

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Renovación Popular, pese a las acusaciones, ha permanecido sin pronunciarse y solo emitió un comunicado en el que insiste en un presunto fraude electoral y convoca a sus afiliados a la jornada electoral interna del 17 de mayo de 2026 para elegir a los delegados de la alianza.

Mientras Renovación Popular insiste en denunciar fraude electoral y convoca a sus bases para elecciones internas, Cano niega vínculos con la red delictiva y atribuye las investigaciones a una supuesta venganza de mafias

López Aliaga, quien según el escrutinio actual quedaría fuera del balotaje del próximo 7 de junio, es conocido por sus declaraciones contra la extorsión y la corrupción. Durante su campaña, prometió recuperar 80.000 millones de soles del Estado, señalando que los recursos estarían destinados a planillas de servidores públicos, a quienes calificó como “vagos y corruptos”.

Por su parte, Cano negó cualquier vínculo con la red de cobro de cupos en el emporio y calificó el operativo fiscal y policial como una “venganza de las mafias” que buscan desestabilizar su gestión. Argumentó que el municipio cuenta con más de 2.500 empleados y que resulta imposible controlar de manera individual el trabajo de cada uno.

“Todos los funcionarios tienen sus obligaciones. Yo como alcalde no puedo estar cuidando la labor que tiene cada uno de ellos”, declaró en conferencia de prensa, al reiterar que los principales implicados en la investigación son exfuncionarios y que ningún trabajador actual estaría involucrado en los presuntos delitos.