Las Elecciones Generales 2026 en Perú transcurrieron en un clima de alta tensión política, marcado por retrasos en la instalación de mesas, fallas en la distribución del material electoral y cuestionamientos que escalaron rápidamente al plano institucional. Por estos hechos, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, fue citado por el Congreso de la República para responder por los incidentes registrados durante la jornada, en medio de un proceso bajo presión y con el fantasma de la nulidad de los comicios sobre la mesa.
Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización, Burneo no solo defendió el rol del organismo que preside, sino que apuntó directamente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y a su jefe Piero Corvetto, de los incumplimientos en el despliegue del material electoral.
Según sostuvo, la entidad no garantizó la distribución oportuna de los materiales en los locales de votación, pese a que había asegurado previamente que el proceso estaba bajo control. “La ONPE no cumplió con lo que se había comprometido en todo momento”, afirmó, al referirse a los retrasos registrados entre el 10 y 12 de abril en Lima Metropolitana.
El titular del JNE añadió que estas fallas ya habían sido advertidas por los fiscalizadores antes de la jornada electoral, sin que se adoptaran medidas correctivas que garantizaran el derecho al voto de miles de ciudadanos.
Retrasos y fallas logísticas en la jornada electoral
Burneo rechazó que los problemas registrados durante la votación se deban exclusivamente a la empresa encargada del transporte, como sostuvo la ONPE. Según su versión, las unidades sí estaban disponibles, pero hubo fallas en la organización del despliegue.
“El retraso se ha debido a fallas logísticas de la ONPE”, señaló, al detallar problemas en el embalaje, la carga del material y la falta de personal.
Además, precisó que las dificultades no estuvieron vinculadas a la disponibilidad de cédulas, sino al traslado de equipos tecnológicos necesarios para la instalación de mesas, como computadoras e impresoras.
Advertencias que no fueron atendidas
Para el JNE, lo ocurrido no fue un hecho imprevisto, sino la consecuencia de problemas detectados con anticipación que no fueron corregidos. Según explicó Burneo, desde el 10 y 11 de abril los fiscalizadores realizaron seguimiento al despliegue del material en Lima Metropolitana y advirtieron retrasos en las rutas de distribución. Estas observaciones quedaron registradas en actas de los jurados electorales especiales.
Pese a ello, la ONPE sostuvo que la situación estaba bajo control. “La ONPE nunca comunicó al jurado que iba a tener estas dificultades. Es más, dijo que ya las tenía solucionadas”, señaló.
La máxima autoridad del JNE indicó que “recién el día de la votación, alrededor de las 10 de la mañana, el jefe de la ONPE solicitó una reunión para plantear la ampliación del horario, cuando los retrasos ya eran evidentes”.
Impacto en el retraso de la instalación de mesas
Las fallas logísticas tuvieron un impacto directo en el desarrollo de la jornada. Según el presidente del JNE, cerca de 200 locales de votación en Lima Metropolitana no contaban con el material necesario durante las primeras horas del día, lo que retrasó la instalación de mesas y generó largas esperas.
En varios casos, la falta de material y equipos —como laptops e impresoras— impidió que las mesas se instalaran dentro del horario previsto, lo que obligó a adoptar medidas excepcionales para garantizar el derecho al voto. La situación no solo alteró el cronograma, sino que también generó incertidumbre sobre la organización del proceso.
“Nunca en Lima Metropolitana ni en el país ha sucedido una situación como esta”, afirmó Burneo.
Ante este escenario, el JNE convocó a su pleno para evaluar alternativas dentro del marco constitucional, en medio de vacíos normativos frente a este tipo de contingencias.
Hallazgo de cédulas tiradas en la calle
Burneo también se refirió al caso de las cajas con material electoral encontradas en la vía pública, cerca de un buzón de basura en Surquillo, lo que reavivó las dudas sobre la cadena de custodia.
El caso se hizo público en pleno conteo de votos, cuando el programa Beto a Saber, conducido por Beto Ortiz, difundió la denuncia de ciudadanos que reportaron el hallazgo de paquetes con cédulas de votación en la vía pública. El material —correspondiente a cuatro mesas y con aproximadamente 1.200 votos— fue incluso llevado al set y exhibido en vivo, lo que encendió las alertas sobre la cadena de custodia electoral.
Tras la denuncia, una funcionaria de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Surco se presentó en el programa y reconoció que las cajas habían sido olvidadas en un taxi durante el repliegue del material, atribuyéndolo a un “error involuntario” del personal. Además, sostuvo que el traslado sí contaba con custodia, al indicar que en el vehículo viajaban un policía, un fiscalizador del JNE y personal de la ONPE.
Al respecto, el titular del Jurado Nacional de Elecciones contradijo esa versión y aseguró que el traslado no contó con supervisión oficial. “Contrariamente a lo indicado por la ONPE, no hubo un fiscalizador acompañando ni un efectivo policial. Fueron transportadas por vehículos particulares”, señaló.
Además, calificó como “falso” el comunicado emitido por la entidad y adelantó que se han iniciado acciones para determinar responsabilidades.
Problemas con equipos y sistema tecnológico
A las fallas en el traslado se sumaron problemas con los equipos tecnológicos, que terminaron agravando los retrasos. Burneo mencionó impresoras que fallaban, falta de tinta y errores de compatibilidad entre dispositivos.
Estas deficiencias impactaron directamente en la operatividad de las mesas, al impedir la emisión de actas o ralentizar el proceso, obligando en algunos casos a esperar soluciones en plena jornada.
También cuestionó la implementación del sistema STAE, utilizado en las mesas para el registro de la información electoral. Si bien indicó que el software no presentó fallas estructurales, señaló que los problemas surgieron en su ejecución práctica durante la instalación. Según remarcó, “estas dificultades corresponden a la responsabilidad operativa de la ONPE”.
Nulidades en evaluación y posibles acciones
En paralelo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones informó que se han recibido 85 pedidos de nulidad de distinta naturaleza, que van desde cuestionamientos puntuales a mesas de sufragio hasta solicitudes de mayor alcance, como dejar sin efecto los comicios. Todos han sido derivados a los jurados electorales especiales, que actúan como primera instancia y cuyas decisiones podrán ser apeladas ante el pleno del organismo.
Burneo precisó que cada solicitud será evaluada conforme al procedimiento establecido en la normativa electoral y sobre la base de la información recogida en todo el país, donde también se han registrado incidencias.
El titular del JNE añadió que las resoluciones se adoptarán dentro del marco constitucional y legal vigente, considerando los principios de participación y conservación del voto, en un contexto en el que el organismo busca garantizar la continuidad del proceso electoral.
No obstante, no descartó la adopción de medidas de mayor alcance conforme avancen las evaluaciones. “Si se tendrán que tomar decisiones, así sean las más drásticas, el jurado las va a implementar con objetividad y motivación”, afirmó.