Desde la primera línea, álvarez huye de la retórica conciliadora. Habla “desde la urgencia”, asumiendo que la inseguridad manda hoy en el Perú y que, sin un golpe de timón, la libertad y la convivencia familiar seguirán amenazadas en los barrios, calles, mercados y transportes. El Estado, afirma, ha abandonado a la población decente y ha dejado crecer mafias, crimen organizado y corrupción. La tesis central de la propuesta es contundente: sin seguridad, no hay país, no hay posibilidad de educación efectiva, trabajo digno ni crecimiento económico.
El programa no se presenta como un listado de promesas, sino como una hoja de ruta instrumentada con plazos claros, objetivos mensurables y una orientación anti-corrupta bajo vigilancia ciudadana. álvarez busca despejar el eje ideológico tradicional y plantea que esta es una “línea firme entre quienes aman al Perú y quienes no”. El acento está en reconstruir la autoridad del Estado y devolverle eficiencia, integridad y liderazgo visible.
El corazón del documento es la idea de ordenar el país para permitir que todos avancen. Este orden se detalla en dimensiones que abordan tanto la persecución al crimen y el narcotráfico como la reforma social, la modernización del Estado y el impulso productivo, siempre bajo una lógica integral y con vigilancia externa e interna.
Principios fundamentales y enfoque transversal
El plan organiza su ideario en torno a una serie de principios: la persona al centro, la seguridad como base indispensable del progreso, la defensa de la familia, la tolerancia cero a la corrupción y la innovación pública para derribar barreras administrativas y trámites inútiles. Se busca un Estado eficiente y transparente, donde “el esfuerzo sea reconocido” y “la ley sea igual para todos”.
Las líneas de acción parten de enfoques transversales que impregnan todas las políticas:
- Seguridad como habilitador del desarrollo: cada eje de gestión incorpora medidas de seguridad, con énfasis en recuperar el control territorial para frenar la extorsión, el crecimiento de bandas y la impunidad.
- Derechos y Estado de derecho: la “mano firme” contra el crimen está siempre asentada en marcos democráticos, justicia efectiva y reducción del riesgo de arbitrariedades estatales.
- Equidad e igualdad de oportunidades: el plan prioriza políticas para mujeres, infancia, comunidades vulnerables, juventud y pueblos amazónicos, con reducción de brechas estructurales y participación juvenil en el desarrollo.
- Enfoque territorial: reconoce la diversidad regional y la necesidad de acciones diferenciadas según la realidad local.
- Evidencia y resultados medibles: se incorporan indicadores internacionales y nacionales para ajustar rumbos y medir avances, con especial énfasis en la falta de datos y análisis en seguridad ciudadana y criminalidad.
Metas 2031: orden, seguridad y oportunidades
La hoja de ruta se estructura sobre cuatro pilares: seguridad, economía, honestidad y justicia. Para el 2031, la meta declarada es que las familias “vivan sin miedo” y que el Estado recupere la autoridad y la capacidad para enfrentar la extorsión y corrupción. El crecimiento debe sentirse “en el bolsillo”, con “empleo de verdad y servicios que funcionen”.
Las prioridades se traducen en problemas concretos y objetivos estratégicos:
- Recuperar la seguridad ciudadana y el derecho a “trabajar y criar a nuestros hijos sin temor”.
- Reactivar la economía para evitar que la juventud quede atrapada “en la informalidad y la pobreza”.
- Luchar frontalmente contra la corrupción con un plan para simplificar el Estado y castigar la impunidad.
- Cerrar brechas de servicios básicos y desigualdades mediante inversión social efectiva.
Propuestas principales y objetivos cuantificables
A nivel social, el plan coloca la lucha contra la anemia infantil y la inseguridad alimentaria como prioridades inmediatas, con una meta de disminuir la anemia en niños de 6 a 35 meses en al menos 5 puntos porcentuales por año y alcanzar un 90% de cobertura en tamizaje y suplementación en zonas priorizadas.
La reforma de la política social impulsa un sistema de focalización única, basada en ingresos, pobreza multidimensional y vulnerabilidad, y ampliar los programas JUNTOS, Pensión 65 y Contigo, con metas de duplicar e incluso triplicar la cobertura.
En salud, se plantea descentralizar especialidades médicas fuera de Lima, fortalecer el primer nivel de atención y establecer telemedicina operativa en, al menos, el 70% de establecimientos priorizados para 2028 y el 90% para 2031, además de reducir en un 30% el gasto de bolsillo en salud comparado a 2025.
En educación, el objetivo es revertir el retroceso en lectura y matemáticas, intervenir al 80% de escuelas prioritarias hasta 2031 y reducir la deserción escolar en secundaria en 20% en las zonas críticas.
Para mujeres y poblaciones vulnerables, el plan propone expandir un Sistema Nacional de Cuidados, crear incentivos para la formalización laboral femenina y juvenil, implementar certificaciones de igualdad salarial y reformar leyes contra la violencia y la discriminación. Busca reducir feminicidios y reincidencia, y aumentar en 5% anual la inclusión laboral de personas con discapacidad y adultos mayores.
Seguridad, crimen y reforma institucional
Uno de los ejes diferenciadores del plan está en la seguridad. Se fija como objetivo reducir la tasa de homicidios de 8,6 a 6 por cada 100 mil habitantes para 2031, y bajar la victimización por extorsión de 0,9 a 0,6 por cada 100 habitantes adultos. Para delitos patrimoniales, la meta es reducir la victimización urbana al 15% (desde 24,5%) y disminuir la percepción de inseguridad del 85,9% al 50% en ese periodo.
El documento propone reformar la Policía Nacional del Perú con un rediseño institucional, incorporar el 100% del personal a un sistema de carrera, y que al menos el 70% de componentes prioritarios de la reforma estén implementados en regiones clave.
Entre las medidas tecnológicas se plantea la implementación de software especializado (UFED Cellebrite) en, al menos, el 70% de investigaciones criminales e instaurar regímenes especiales para líderes criminales en cárceles, con el 100% de los líderes en régimen de máximo aislamiento y erradicación de comunicaciones ilícitas desde penales.
En el sistema penitenciario, el objetivo es ejecutar el 100% del modelo institucional reformado y someter a todos los cargos directivos y al personal a procesos de evaluación y depuración.
Economía: disciplina fiscal y competitividad
El diagnóstico del plan señala la erosión de la regla fiscal y la baja presión tributaria. Se propone blindar la estabilidad macroeconómica con reglas explícitas:
- Convergencia al 1% del PBI de déficit fiscal y deuda pública estabilizada bajo el 30%.
- Elevar presión tributaria hasta el 17% del PBI y reducir el gasto tributario del 2,2% al 1,5% en tres años.
- Empresas públicas como Petroperú bajo directorios profesionales y auditorías externas, sin rescates automáticos.
Para la inversión, se separará la formulación y aprobación de proyectos, limitarán la cartera activa a la capacidad fiscal, y la mayoría de obras se apoyarán en análisis de costo-beneficio. Se busca disminuir de manera relevante el número de obras paralizadas y agilizar los procesos de contratación y ejecución.
Para destrabar la economía, el objetivo es incrementar la productividad total de factores (PTF) en más de 0,5 puntos porcentuales anuales, elevar la inversión privada sobre el 22% del PBI y reducir tiempos regulatorios para permisos en un 30-40%.
En el frente exportador, el plan busca diversificar la canasta exportadora con bienes y servicios de mayor valor agregado, priorizar corredores logísticos y reducir tiempo y costo logístico-aduanero de las exportaciones, así como integrar más MYPE exportadoras a las cadenas globales.
Digitalización y acceso financiero
Está prevista la creación de una plataforma digital única del Estado, donde los trámites más frecuentes serán 100% electrónicos, con integración de al menos 10 entidades clave para ciudadanos y empresas, abriendo puntos de acceso en mercados y municipios rurales, y promoviendo la identidad digital.
En materia financiera, se apuesta por más competencia bancaria (open banking y fintechs), un mayor acceso al crédito para pequeñas empresas y hogares fuera de Lima, y una reducción paulatina del uso intensivo de efectivo.
Para el sistema de pensiones, se proyecta un pilar universal de protección básica, competencia entre público y privado con pensión mínima garantizada, y ahorro voluntario con incentivos, buscando superar la cobertura previsional críticamente baja —más del 70% de la PEA fuera del sistema contributivo—.
Descentralización, conectividad y compromiso ambiental
El plan prevé un Perú mejor conectado: al menos 15.000 km de carreteras rehabilitadas, cobertura 4G en todas las capitales de provincia y ampliación de internet y conectividad rural en 20 puntos porcentuales frente a 2025.
En la Amazonía, se plantea reducir en 20% la deforestación e incrementar en 30% los resultados operativos contra economías ilegales, activar sistemas de alerta temprana en el 100% de zonas de riesgo y mejorar la eficiencia en gestión de riesgo e inversión.
La descentralización apunta a reducir la creación de municipalidades sin respaldo técnico y fortalecer los gobiernos regionales, con una fórmula fiscal predecible y menor vulnerabilidad ante la volatilidad del canon minero.
Vigilancia, control ciudadano y pactos estructurales
Como punto de inflexión frente a gestiones previas, el plan incorpora un modelo obligatorio de rendición de cuentas vía un tablero público de avance, informes presidenciales bimestrales de cumplimiento en regiones y evaluación anual independiente por el sector académico, con publicación de recomendaciones de mejora.
El compromiso es transformar la transparencia en sistema operativo, bajo vigilancia ciudadana y con participación de la sociedad civil.
álvarez impulsa dos pactos nacionales con vigencia de 50 años: uno por la seguridad y contra las mafias —que prevé un mando unificado y la recuperación efectiva del territorio— y otro por la alimentación y cuidados de la niñez, para erradicar la anemia y garantizar desarrollo infantil pleno.
El programa incluye además reformas estructurales en justicia (“una justicia rápida, predecible y accesible, sin miedo y sin amigos poderosos”), política, sistema tributario (“ampliar base, menos trámites, incentivos reales a la formalización”), servicio civil meritocrático, sistema penitenciario, infraestructura y conectividad, y una reforma sanitaria con atención universal y uso intensivo de tecnologías y gestión por resultados.
Todas estas reformas serán detalladas en documentos técnicos sucesivos, mientras que el plan de gobierno asume el rol de punto de inicio, abierto a la participación y al escrutinio permanente de la ciudadanía.
La versión entregada ante el Jurado Nacional de Elecciones, fechada en diciembre de 2025, queda delineada como un programa de choque institucional, social y productivo, que se centra en el orden, la seguridad y la transparencia para cimentar un país para todos.
Plan de Gobierno completo de País para todos
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