¿Por qué los derechos humanos deben ser el centro de la campaña presidencial?

La campaña presidencial corre el riesgo de repetir un libreto conocido: promesas de mano dura y discursos populistas frente a problemas estructurales. Sin embargo, el principal desafío que enfrenta hoy el Perú es, ante todo, una profunda crisis de institucionalidad democrática, marcada por el debilitamiento del Estado de derecho y la normalización de la impunidad.

En este contexto, colocar los derechos humanos en el centro de la campaña electoral no es una opción ideológica: es una condición indispensable para recuperar y fortalecer la democracia, incorporando su dimensión intercultural y paritaria.

El documento de consenso de derechos humanos construido por más de 150 organizaciones de la sociedad civil, de todas las regiones del país, identifica el deterioro del equilibrio de poderes, la captura de instituciones, el hostigamiento a la justicia y a la prensa independiente, así como una estrategia sistemática para debilitar la vigilancia ciudadana y las organizaciones sociales. Estas prácticas no solo erosionan las libertades públicas, sino que afectan directamente la capacidad del Estado para garantizar derechos básicos y responder a las demandas de la población.

Por ello, una campaña que ignore el enfoque de derechos humanos corre el riesgo de reproducir el mismo modelo de poder que ha conducido al país a un proceso de desmantelamiento institucional y a la normalización de prácticas autoritarias.

El debate sobre seguridad ciudadana es un ejemplo revelador. Frente al avance del crimen organizado, se instalan narrativas que proponen medidas como la pena de muerte, pese a que la tendencia internacional apunta a su abolición por no ser una medida disuasiva ni eficaz. Frente a ello, el consenso plantea que la lucha contra la inseguridad exige una reforma integral del sistema de justicia y de la Policía Nacional, una investigación penal eficaz, con participación ciudadana. Sin Estado de derecho, la inseguridad no se reduce: se profundiza.

Pero los derechos humanos deben ser el eje de la campaña también porque el actual modelo de desarrollo continúa reproduciendo exclusiones históricas. Pueblos indígenas, población afroperuana, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, juventudes y población LGTBI+ siguen enfrentando violencia estructural, racismo, discriminación y un acceso profundamente desigual a servicios públicos esenciales como salud, educación, agua y protección social.

El consenso plantea, en este sentido, la necesidad de un nuevo pacto social que reorganice la relación entre Estado, mercado y sociedad, garantizando servicios públicos de calidad, democracia paritaria e intercultural, representación política efectiva de pueblos históricamente excluidos y una institucionalidad que rinda cuentas a la ciudadanía.

Asimismo, el próximo gobierno deberá enfrentar una creciente conflictividad vinculada al territorio, al agua y al deterioro ambiental. La expansión de economías extractivas —legales e ilegales—, la contaminación de fuentes hídricas y la violencia contra defensoras y defensores del ambiente son ya una realidad cotidiana en amplias zonas del país. Abordar esta agenda desde los derechos humanos implica reconocer que el ambiente sano, el acceso al agua y la soberanía alimentaria no son bienes negociables, sino condiciones básicas para la vida y la cohesión social.

Finalmente, hacer de los derechos humanos el eje de la campaña presidencial de 2026 es apostar por un nuevo pacto democrático. Un pacto que establezca límites reales al poder político y económico, que garantice justicia para las víctimas, que proteja a quienes defienden derechos, que promueva igualdad sustantiva y que devuelva a la ciudadanía la posibilidad de incidir en las decisiones públicas.

La elección que viene no debería girar en torno a quién promete más castigo o más control. Debería centrarse en quién puede garantizar, de manera creíble, la vida, la dignidad, la libertad y la igualdad de todas las personas.