Standard & Poor’s Global Ratings rebajó la calificación crediticia de emisor a largo plazo de Petróleos del Perú - Petroperú S.A. de “B” a “B-” y colocó a la compañía bajo “vigilancia crediticia negativa”, según un informe difundido el 22 de diciembre de 2025.
La decisión responde a una menor expectativa sobre la capacidad del Gobierno del Perú para implementar medidas de respaldo financiero sostenido a la empresa y a la persistente debilidad en los indicadores financieros de Petroperú.
Standard & Poor’s rebaja calificación de Petroperú: queda bajo vigilancia crediticia negativa
La calificadora indicó que considera más incierta la posibilidad de nuevas intervenciones estatales para sostener a la compañía, luego de varios años en los que Petroperú se benefició de apoyos gubernamentales, entre los que destaca un crédito por US$1.000 millones otorgado en 2024 con garantía estatal.
El informe señala que, producto de los cambios políticos recurrentes en el país, hay dudas sobre la sostenibilidad de medidas de apoyo futuras.
La perspectiva negativa implica que la nota podría volver a caer en los próximos meses si el proceso de reestructuración llevado adelante por la empresa derivase en una recompra o reestructuración de deuda considerada “distresada” por la agencia —lo que equivaldría a una situación de incumplimiento—, o si no se concreta apoyo estatal adicional para enfrentar los próximos vencimientos en el corto plazo.
Standard & Poor’s consideró que las consecuencias de un eventual incumplimiento siguen afectando al gobierno peruano, pero las estima ahora más manejables que en el pasado.
La incertidumbre sobre el respaldo del MEF provoca rebaja de la calificación de Petroperú
El informe reporta que, a septiembre de 2025, Petroperú tenía deuda financiera total por US$5.450 millones, de los cuales cerca del 10% (US$580 millones) vence en los siguientes 12 meses.
En agosto, la empresa refinanció obligaciones de corto plazo por aproximadamente US$1.000 millones mediante un préstamo respaldado por el Estado y concedido por Banco de la Nación, con vencimiento en 2028. El detalle de la estructura indica que el 79% del pasivo está denominado en dólares y el 21% en soles.
La empresa enfrenta en el corto plazo pagos semestrales del préstamo CESCE por US$86 millones, intereses de bonos internacionales con vencimientos en 2032 y 2047 por aproximadamente US$81 millones, y US$5 millones en intereses de un crédito con el Ministerio de Economía y Finanzas.
Standard & Poor’s estima que estos compromisos de diciembre podrán ser cubiertos, pero advierte que la generación de caja seguirá muy acotada y que una reducción de deuda es poco probable en los próximos años.
Standard & Poor’s: Petroperú logró mejores resultados en el tercer trimestre 2025
Según la agencia, el EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) en el periodo de 12 meses finalizado en septiembre de 2025 fue de -US$122,8 millones, aunque la empresa reportó un EBITDA positivo de US$38,7 millones en el tercer trimestre, tras registrar -US$98,6 millones en el mismo periodo de 2024.
De todas maneras, la cobertura de intereses sigue siendo baja, ya que el EBITDA cubre alrededor del 20% de los intereses devengados en ese trimestre. El ratio de deuda ajustada sobre EBITDA calculado por la calificadora se ubicó en 44 veces, con una cobertura de intereses inferior a 1 vez.
La calificadora señala que Petroperú continúa en proceso de reestructuración y que se requiere mayor información sobre los objetivos y cronograma para evaluar sus resultados.
La mejora temporal en resultados del tercer trimestre obedeció a un aumento de ventas vinculado principalmente a la mayor producción de la refinería de Talara, lo que incrementó ventas y exportaciones, así como a una reducción en la compra de productos.
¿Quién toma las decisiones en Petroperú?
Petroperú es propiedad en su totalidad del Estado peruano, a través del Ministerio de Energía y Minas (40%) y del Ministerio de Economía y Finanzas (60%). Opera tres refinerías (Talara, Conchán, Iquitos) con una capacidad de procesamiento con un total de 122.500 barriles diarios, además del oleoducto Norperuano de cerca de 1.100 kilómetros.
La empresa obtiene la mayor parte de sus ingresos a través de la refinación, comercialización y distribución de combustibles en el mercado local, y las inversiones más relevantes en deuda estuvieron destinadas a la modernización del complejo de Talara.
Trabajadores petroleros acusan al MEF por desbalance patrimonial
En tanto, la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (FENPETROL) y el Frente Sindical de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP) responsabilizaron a la ministra Denisse Miralles y al presidente de la República, José Jerí, por las consecuencias económicas, financieras e institucionales que, según sostienen, podrían derivar de recientes decisiones sobre la gestión de Petroperú.
De acuerdo con el pronunciamiento conjunto emitido por FENPETROL y el FSTPP, las acciones y declaraciones recientes de la ministra de Economía y Finanzas han sido interpretadas como una intervención política en la gestión de la empresa estatal Petroperú.
Las organizaciones sindicales indicaron que la situación financiera, el endeudamiento y las garantías atribuidas a Petroperú representan un riesgo fiscal para el Estado, y advirtieron que toda decisión que debilite su gobierno corporativo puede incrementar la probabilidad de nuevas transferencias de recursos públicos y presiones sobre el déficit fiscal.
FENPETROL exige restitución técnica en el directorio de Petroperú
El comunicado atribuyó la reciente rebaja en la calificación crediticia del país por parte de Standard & Poor’s a la percepción de desorden institucional y falta de autonomía en la gestión de empresas estatales, así como al debilitamiento del Ministerio de Economía y Finanzas como referente de estabilidad. Según el texto, este deterioro eleva el riesgo país, aumenta el costo del financiamiento soberano y tiene impacto en el aparato productivo nacional.
Los sindicatos también expresaron su preocupación por lo que consideraron una falta de respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas ante las intervenciones políticas en la empresa, interpretación que, señalaron, puede ser leída como una validación de estas acciones, con posibles repercusiones sobre la reputación económica del país en el mediano y largo plazo.
FENPETROL y el FSTPP exigieron la restitución de una conducción técnica e independiente en Petroperú, y manifestaron que permitir una gestión guiada por criterios políticos podría incrementar los riesgos fiscales para el Estado. La declaración concluyó solicitando una corrección inmediata de las decisiones adoptadas, destacando que la inacción estatal en este contexto puede acarrear costos significativos para el país.
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