La reunión que sostuvo el decano del Colegio de Abogados de Lima con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 27 de diciembre parece no haber caído nada bien al interior del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que por medio del Ministerio de Justicia, envió una denuncia contra su decano, Raúl Canelo, ante el Consejo de Ética del CAL.
Según Canelo, el documento oficial, enviado desde la Dirección General de Derechos Humanos del Minjus, liderada por Sara Evelyn Farfán Cuba, considera que el decano del colegio profesional no tenía la autorización para reunirse con integrantes de la comisión de la CIDH el mes pasado.
“Tuvimos un conversatorio sobre temas vinculados a la situación legal en el país, la división de poderes y especialmente temas vinculados a derechos humanos. Fue un conversatorio donde estuvo presente la presidenta de la comisión (...) y también cinco de los siete miembros de la comisión. Fue importante la presencia de ellos para intercambiar ideas sobre lo que viene pasando en el país, una serie de decisiones legislativas que consideramos no idóneas, incorrectas, que beneficia a la corrupción (...). Eso a ellos les parece mal”, indicó en conversación con RPP.
Además, Canelo afirmó que el documento enviado desde el Ministerio de Justicia, indica que como decano debería contar con un permiso para participar de este encuentro, pero que él considera esta idea “un disparate”. También indica que el oficio sostiene que durante esa reunión, “hemos faltado a la verdad porque no es cierto que en el Perú no se esté respetando la institucionalidad”, dijo.
La denuncia enviada al Colegio de Abogados de Lima hace énfasis en parte de un párrafo que fue publicado por el sitio web de la CAL en el que se señala que “(...) Canelo Rabanal presentó un análisis exhaustivo sobre el deterioro institucional que enfrenta el Perú. Señaló el avance de una coalición política en el Congreso de la República del Perú que, sin distinción de posiciones ideológicas, ha subordinado al Ejecutivo y comprometido la independencia de instituciones clave como la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial y el Ministerio Público”, lo que habría motivado esta comunicación.
En ese sentido, el decano del Colegio de Abogados de Lima protestó y sostuvo que como autoridad al interior del colegio profesional, también tiene derecho a la libertad de opinión y de pensamiento, y que también puede reunirse con quienes considere conveniente, por lo que calificó de este gesto como una “actitud intolerante antidemocrática”.
Al gobierno no le gusta la crítica
Canelo también expresó su preocupación por esta denuncia en su contra promovida desde el Ejecutivo. “Me preocupa porque parece ser que no les gusta la crítica. Es una crítica seria, técnica, la hemos presentado ante la CIDH como corresponde (...)”, consideró en RPP.
La denuncia realizada también involucra a la vicedecana del CAL, Milagros Terry Gamarra; y también al Director de Ética Profesional, Mauro Leandro Martín; quienes también estuvieron presentes en el encuentro con la CIDH. Aún así, Canelo afirmó que “(...) son reuniones que corresponden a nuestras funciones. No tenemos por qué pedir permiso a todos los abogados”.
Finalmente, calificó como un despropósito la idea de promover una denuncia en su contra pues, la presidenta Dina Boluarte es abogada y sabe cómo se manejan estas situaciones al interior del Colegio de Abogados de Lima. “La presidenta de la República, que ha sido miembro de la junta directiva, conoce perfectamente el estatuto del colegio. No nos van a amedrentar”.
“Justamente una de las preguntas finales que hacen los miembros de la CIDH es si es que nosotros hemos recibido algún tipo de amenaza. Yo dije que no, que no recibimos ninguna amenaza; pero esta sí la considero una amenaza y la voy a informar a la CIDH”, sentenció en RPP.
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