El pasado 1° de febrero, los congresistas Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular; y José Cueto, de Renovación Popular; presentaron un proyecto de ley que vulneraría directamente las competencias del sistema de Justicia, esto implica al Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación. La iniciativa busca establecer límites a uno de los delitos más resonados a nivel internacional y por el que se ha señalado a expresidentes y militares durante la dictadura Alberto Fujimori a inicios del 2000 en el Perú: los delitos de lesa humanidad.
La polémica propuesta es el PL N°6951/2023-CR, titulado bajo el nombre de Proyecto de Ley que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana, plantea una serie de modificaciones cuestionables. Entre los principales cambios que busca esta norma está el establecimiento de una serie de criterios de no retroactividad sobre este delito.
Asimismo, la propuesta de norma busca que la pena dure apenas 20 años para el sistema nacional de justicia, impulsando el archivamiento de los procesos existentes sobre quienes han cometido este tipo de crímenes. Por consiguiente, se aplicaría bla amnistía no solo para investigados pertenecientes a la milicia por casos de violaciones de derechos humanos, sino también para autoridades que, con conocimiento de los hechos, permitieron que estas violaciones se dieran. Este es el caso del recientemente excarcelado Alberto Fujimori.
Controversia por el proyecto de ley que buscaría amnistía ilegal
No obstante, los planteamientos que parecen ser lógicos en el proyecto de ley, se sustentan en una serie de acotaciones que no necesariamente cuentan con las bases correctas. En conversación con el abogado especializado en Derechos Humanos, Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, aseveró que “ningún proceso penal, en temas de derechos humanos, se ha abierto o se ha tipificado sobre la base de los delitos contemplados en el estatuto de Roma”.
En cambio, Rivera consideró que “todos los hechos delictivos que tienen que ver con violaciones a derechos humanos han sido tipificados sobre la base de la ley penal nacional; por lo tanto, es una mentira tremenda la que se afirma en este proyecto”.
En la mayoría de estos casos, los implicados constituyen militares, miembros de grupos terroristas y autoridades. Algunos de los casos calificados de esta manera, “por la naturaleza horrenda del crimen”, son los de Accomarca, la matanza de El Frontón, la matanza de Cayara, los desaparecidos en Los Cabitos, Pucayacu, las violaciones sexuales en Manta y en Vilca.
Inconstitucional y busca atentar contra el Poder Judicial
Además de considerar que el proyecto de ley ha sido mal planteado, Rivera Paz también alertó que lo que buscaba Rospigliosi va directamente en contra de la independencia judicial; y constituye “un proyecto inconstitucional; porque los términos del proyecto y las disposiciones que contiene son abiertamente vejatorios de las acusaciones que tienen los jueces”.
En ese sentido, aseveró que “el poder Legislativo no puede disponer cerrar causas judiciales, salvo que presente— y me parece que esa es la idea de Rospigliosi y de Cueto— y ponga como título al proyecto de que se trata de un proyecto de amnistía. De ser así, entramos a otros problemas que serían una cuasi-repetición de las amnistías del año 95. Es un verdadero mamarracho, no tiene sentido, no tiene una razón, no tiene un sentido de derecho”, concluyó.
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