
Los casos de ‘Camila’, ‘Mila’ y otros más han conmocionado al Perú luego de conocerse que algunas accedieron a su derecho al aborto terapéutico, pero otras no, e incluso fueron revictimizadas en varias oportunidades por el Estado peruano. Sin embargo, durante las últimas semanas, se han presentado más situaciones similares que deben preocupar a la población.
En Junín, una niña de 13 años falleció cuando era trasladada a un hospital de Satipo —no accedió al aborto terapéutico—. La menor tuvo un parto prematuro a los ocho meses, pero una complicación originó su deceso.
Cada año se registra que más de 1,500 niñas entre 10 y 14 años se convierten en madres, según datos recogidos por el Fondo de las Naciones Unidas en Materia de Población (UNFPA) en Perú. Además, a diario ocurren cuatro nacimientos de menores en el mismo rango de edad, los cuales todos fueron producto de una violación.
Ante esta grave situación, Infobae Perú conversó con Richard O’Diana, especialista de Save the Children en Perú, quien brindó más detalles de los estándares que debe implementar el Estado a raíz del caso de ‘Camila’. Es preciso mencionar que Perú se convirtió en el único país que recibió tres condenas de cortes internacionales por vulnerar los derechos de las niñas.
O’Diana explicó que son tres “obligaciones” que dispuso el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que hasta la fecha el Estado no ha cumplido. La primera consistía en la interrupción del embarazo, mientras que la segunda era una reparación efectiva a favor de ‘Camila’, quien no solo fue víctima de su padre, sino también de las autoridades al no brindarle la información que era su derecho. Además, se inició un proceso legal en su contra.

El vocero de Save the Children recalca que el Comité señala que todo caso de embarazo de menores de edad “debería conllevar un aborto”, ya que afecta la salud física y psicológica de la niña. “Recordemos que en Perú se permite el aborto por razones de salud, que es el aborto terapéutico, cuando está en riesgo la salud de la madre”, añade.
‘Mila’: aislada y sin justicia
‘Mila’ es una menor de 11 años que accedió al aborto terapéutico luego de quedar embarazada producto del abuso sexual de su padrastro. Sin embargo, no se le brindó la información correspondiente a su situación. Además, una funcionaria intentó persuadir a la madre de la niña para que no interrumpa el estado de gestación.
Sumado a esto, la justicia peruana le dio la espalda a ‘Mila’ al dejar en libertad a su agresor Lucas Pezo Amaringo, debido a que las autoridades mencionaron que “no había indicios suficientes”. Un mes después, el Poder Judicial revirtió su decisión y ordenó nueve meses de prisión preventiva contra su padrastro.
Cabe precisar que la Junta Médica del Hospital de Loreto le negó en una primera oportunidad el acceso al aborto terapéutico, pero hubo una segunda evaluación en Lima que recién aprobó este proceso. Desde ese momento, ‘Mila’ fue aislada y no puede ver a ningún pariente que busca visitarla.
Infobae Perú también dialogó con Isbelia Ruiz, coordinadora de Litigio de Promsex, quien denunció que hasta el momento Pezo Amaringo, a pesar de que han pasado cerca de tres meses desde que se dictó la prisión preventiva, la familia no recibe información sobre cómo va el proceso judicial.

En este punto, pide que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) emita un comunicado o tome acciones para que la PNP busque a este sujeto, ya que como defensa de la familia no han recibido información. “No tenemos nada de eso nosotras. Por lo menos, si lo han hecho no nos han comunicado nada”, refiere.
Por otro lado, el Poder Judicial dictó una orden de alejamiento para la progenitora a solicitud de MIMP, y la tenencia quedó a cargo de esta cartera. Esta decisión fue tomada por la justicia luego de las declaraciones de la menor a las autoridades. Mientras que los otros hermanos de ‘Mila’ regresaron a casa junto a su madre tras una evaluación del ministerio
Hasta el momento, no se tiene información de Lucas Pezo Amaringo, luego de que la justicia peruana lo dejara en libertad. Además, no ha sido incluido en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior.

Sin prioridades
El Estado peruano debe implementar las recomendaciones generales en el marco de la sanción que recibió por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU en el caso de ‘Camila’. En este sentido, se respetarían los estándares internacionales que hasta en tres ocasiones se vulneraron.
Este panorama se presenta con mayor frecuencia en zonas alejadas, pero lamentablemente no recibe la atención necesaria debido a la falta de denuncias provocada por la falta de información. El especialista de Save the Children enfatiza que una de las recomendaciones clave es que el Estado peruano debe capacitar a los operadores de justicia y al personal de salud.
El plazo de 180 días establecido para implementar estas recomendaciones vence en diciembre, pero parece que el Gobierno aún no ha priorizado este tema en su agenda. “Estamos a poco más de dos meses de ese plazo, y desafortunadamente todavía no se han tomado medidas concretas al respecto. El estándar es claro”, subraya el especialista.

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