Menor quedó embarazada luego de un abuso sexual, pero médicos le negaron el aborto terapéutico

‘Mila’ es una niña de 11 años que sufre abuso sexual de su padrastro desde los siete años. Como producto de estas agresiones, ahora tiene 17 semanas de gestación. Pese al riesgo para su salud que implica llevar a cabo este embarazo, los médicos del Hospital Regional de Loreto le negaron la posibilidad de acceder a un aborto terapéutico.

Perú continúa siendo un país poco seguro para las mujeres. Cada año, miles de niñas y adolescentes son víctimas de violencia en todo el territorio, pero muy pocas llegan a alcanzar la justicia. Esta falta de justicia puede llegar de distintas formas, una de ellas, y las más crueles, es la maternidad forzada. Es decir, obligar a una menor a continuar un embarazo que fue producto de un abuso sexual.

Aunque la maternidad forzada en niñas y adolescentes es considerada como tortura por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es una situación que suele suceder y una muestra de ello es el caso de Camila. Se trata de una niña indígena que pidió un aborto terapéutico, pues salió embarazada luego de un abuso sexual de su padre, pero cuya petición fue negada. Luego de ello, tuvo un aborto espontáneo y fue denunciada por supuestamente practicarse un autoaborto. Ante ello, el Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó a Perú por vulnerar sus derechos.

Pese a la intervención de organismos internacionales, un caso similar se ha vuelto a registrar en la selva peruana. Hasta Loreto llegó la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), quien pidió al Hospital Regional de Loreto que la menor acceda a un aborto terapéutico, pero esta fue rechazada por la junta médica del establecimiento de salud.

Ante esta situación, la ONU emitió un comunicado donde expresó su preocupación por un nuevo caso de vulneración de derechos de menores víctimas de violencia. “En el 2005 y en el 2011, el Comité de Derechos Humanos y el Comité CEDAW, y más tarde en 2013, el Comité contra la Tortura han exhortado al Estado peruano a adoptar medidas para asegurar el acceso a recurso efectivo en estos casos y evitar que situaciones de vulneración de derechos de niñas y adolescentes, como Camila y Mila se repitan por constituir violencia por razones de género y constituir un acto de tortura, o trato cruel, inhumano y degradante”, señaló la entidad”, manifestó.

“Para garantizar el derecho a la salud, incluidos los derechos sexuales y reproductivos y a la vida de la niña desde un enfoque integral y en el marco del principio del interés superior del niño, instamos a las autoridades correspondientes reconsiderar la decisión de negarle el acceso al aborto terapéutico y garantizarle a Mila, y a todas las niñas y adolescentes embarazadas víctimas de violencia sexual este derecho —con procedimientos seguros y pertinentes a su edad— y dentro de las 22 semanas de gestación que establece el protocolo de este procedimiento médico”, agregó.

En el pronunciamiento, el organismo pidió al Estado peruano que garantice el acceso a los servicios de salud física y mental para la menor, al igual que el cuidado en el espacio familiar de manera que pueda ejercer su derecho a la educación y a una vida libre de violencia.

“Invocamos a adoptar las medidas dictadas por el CDN en el dictamen del caso ‘Camila’, haciendo uso de todos los mecanismos que estén a su alcance para evitar que haya situaciones de violaciones de derechos humanos en casos similares en el futuro. Recordamos a las autoridades y a la opinión pública que la maternidad forzada derivada de una violación sexual en niñas y adolescentes no es voluntaria, no es segura, y atenta contra la salud integral”, destacó.