
Una indignante noticia sorprendió a la población peruana a inicios de julio: una menor de apenas 10 meses de edad fue abusada sexualmente por su progenitor. Como producto de este repudiable hecho, la niña perdió la vida. De acuerdo a las autoridades, la pequeña nació como producto de una violación sexual en contra de su madre, una adolescente de 15 años.
Días atrás, los efectivos policiales también habían registrado un caso de abuso sexual contra una menor de 3 años. Según la mamá de la víctima, dejaba a la niña en casa de su vecina para que esta pueda salir a trabajar en horas de la mañana, sin embargo, aquel día recibió una llamada de Liz Paola Orihuela Aylas (38), quien se encargaba de cuidar a su hija, para comentarle que había sufrido un accidente.
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La mujer le dijo a la madre que su pequeña había sido víctima de violación sexual de parte de un perro, no obstante, las sospechas estuvieron enfocadas en su pareja Víctor Hugo Jorge Granados (42). “Siempre la dejo a la señora que la cuida a mi hija. Yo salgo a trabajar y solo trabajo 3 veces a la semana. La dejo desde las 4:30 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ella me jura que es el perro, pero yo no le creo”, declaró para América TV.
Al igual que las dos menores, miles de niñas, niños y adolescentes sufren de abuso sexual en todo el país. De acuerdo a cifras de Unicef y la Defensoría del Pueblo, desde el 2017 hasta marzo del presente año se han registrado 63 mil 758 casos de violencia sexual contra menores de edad a nivel nacional.
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Pese a tal alarmante cifra, las cárceles peruanas albergan a apenas 10 mil 742 reos por el delito de violación sexual de menor de edad, lo cual representa el 11,78% del total de detenidos y ocupa el segundo delito con mayor número de presos en Perú, de acuerdo a un informe del diario El Comercio.
En lo que concierne a las sentencias por violencia sexual contra menores de edad, una investigación de Infobae Perú reveló que el sistema judicial tarda muchos años en emitir una sentencia contra un responsable de este delito. Incluso, esto se ve reflejado en cifras, pues hasta desde el 2017 hasta el 2022, el Ministerio Público recibio más de 25 mil denuncias por violación sexual contra menores, pero solo dictó 155 sentencias.
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Este medio se comunicó con Melissa Guillén, representante la organización feminista Manuela Ramos, señaló que en ciertas ocasiones en las que brindaron asesoramiento en casos de violación sexual contra niñas y adolescentes, los jueces también dictaron fallos fundamentados en prejuicios machistas. Ella afirmó que el verdadero problema no radica en las leyes establecidas para sancionar estos casos, sino en los magistrados que deben interpretarlas y emitir sentencias.

“Por ejemplo, para menores de catorce años, la pena es cadena perpetua. El problema son los patrones machistas de los jueces y juezas, que analizan estos casos sin una perspectiva de derechos humanos. Se guían por sus concepciones machistas”, dijo.
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También comentó que en muchas ocasiones los jueces creen que las menores están mintiendo, ocultando parte de la verdad o siendo influenciadas por sus padres para relatar sucesos que no ocurrieron. Además, ignoran los protocolos establecidos para abordar casos de violación sexual. ”Buscan otras pruebas para determinar cómo sucedieron los hechos, lo cual es mucho más difícil de demostrar debido a que ocurren en contextos privados”, explicó.
Esta situación ocasiona que las niñas y adolescentes tengan que esperar mucho más tiempo para obtener una decisión definitiva por parte de los jueces, sin ninguna garantía de que se pronunciarán a favor de los acusados.
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En 19 casos de violación sexual y tocamientos indebidos, se ha observado que los magistrados tardaron hasta 8 años en emitir una sentencia. Ningún proceso se resolvió en un plazo menor a un año, y en quince denuncias, se demoraron más de 3 años para llegar a un pronunciamiento final.
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