Detienen a seis hombres por extracción ilegal en el río Juan Díaz, en ciudad de Panamá

Al menos seis personas fueron aprehendidas por las autoridades tras ser sorprendidas realizando actividades de minería ilegal en el río Juan Díaz, uno de los principales ríos de la ciudad capital, en un operativo liderado por el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) en coordinación con la Policía Ambiental.

La intervención se produjo en el sector de Villa Lobos, en el corregimiento de Pedregal, donde los implicados realizaban movimientos de tierra con herramientas artesanales para la extracción de material mineral.

Durante el patrullaje terrestre efectuado en el área conocida como el “Corredor de los Pobres”, el equipo técnico detectó a los individuos utilizando palas, bateas de madera y una piqueta para intervenir el terreno.

Según las autoridades, esta práctica constituye un delito ambiental, ya que genera una alteración directa en el cauce del río, afecta la calidad del agua y provoca una degradación progresiva del ecosistema que rodea esta importante fuente hídrica de la capital panameña.

Los seis hombres fueron notificados en el lugar sobre la ilegalidad de la actividad y posteriormente trasladados a la Dirección Regional de MiAMBIENTE en Panamá Norte, donde se iniciaron los procedimientos administrativos correspondientes.

En el operativo también se decomisaron dos bateas artesanales, seis palas y una piqueta, elementos utilizados para la extracción ilícita de minerales, los cuales forman parte de las evidencias dentro del proceso.

Este caso no es aislado. En lo que va de 2026, las autoridades han intensificado los operativos contra la minería ilegal en distintas regiones del país.

En la provincia de Herrera, a finales de enero, se reportó la detención de cuatro personas vinculadas a esta actividad, mientras que en Chepo, el 8 de enero, unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) desarticularon un campamento clandestino, incautando equipos utilizados para la extracción de minerales.

A esto se suman operativos realizados durante febrero en diversas áreas protegidas, donde se efectuaron múltiples arrestos y decomisos de plantas eléctricas, bombas de agua y herramientas de perforación.

El incremento de estos casos evidencia una presión creciente sobre los recursos naturales del país, especialmente en zonas rurales y áreas protegidas.

Las autoridades han advertido que este tipo de prácticas no solo representa una actividad ilegal desde el punto de vista administrativo, sino que también tiene consecuencias severas sobre el ambiente, incluyendo la contaminación de fuentes de agua, la erosión del suelo y la pérdida de biodiversidad.

En Panamá, la minería ilegal está regulada principalmente por el Código Penal y el Código de Recursos Minerales, los cuales establecen que todos los minerales existentes en el territorio nacional pertenecen al Estado.

Esto implica que cualquier actividad de exploración, extracción o explotación requiere una concesión o autorización formal. La realización de estas actividades sin el permiso correspondiente configura un delito, independientemente de la escala o el método utilizado.

Las sanciones penales han sido reforzadas en los últimos años. Quienes incurran en minería ilegal pueden enfrentar penas de prisión que van de 6 a 9 años, además de multas que oscilan entre 100 y 600 días multa.

La legislación también contempla castigos para quienes participen en el suministro, transporte o comercialización de maquinaria e insumos destinados a esta actividad, incluyendo sustancias altamente contaminantes como el mercurio o el cianuro.

El río Juan Díaz, uno de los principales de la ciudad capital, fue escenario de un nuevo caso de minería ilegal detectado por las autoridades ambientales.

Cuando la actividad genera daño ambiental, las consecuencias legales se agravan. En estos casos, los implicados pueden ser procesados adicionalmente por delitos contra los recursos naturales, lo que implica penas de entre 3 y 6 años de prisión adicionales.

Este escenario es particularmente relevante en zonas como ríos y áreas protegidas, donde el impacto ecológico puede ser irreversible y afectar directamente a comunidades que dependen de estos recursos.

Desde el punto de vista constitucional, el artículo 257 establece que las minas son propiedad del Estado, lo que refuerza la necesidad de cumplir con los procesos legales establecidos para su explotación.

Las autoridades han reiterado que el combate a la minería ilegal seguirá siendo una prioridad, no solo por su impacto ambiental, sino también por su vinculación con economías informales y actividades ilícitas que operan al margen de la ley.

El caso del río Juan Díaz vuelve a poner en evidencia una realidad que se repite en distintas regiones del país: la presión sobre los recursos naturales continúa en aumento, mientras las autoridades buscan contener una actividad que, aunque muchas veces se presenta de forma artesanal, tiene efectos significativos sobre el entorno y la sostenibilidad ambiental de Panamá.