Condenan en Panamá a 19 años de cárcel a dos mujeres por intentar ingresar droga y armas a prisión

Dos mujeres fueron condenadas a 19 años y 4 meses de prisión cada una, equivalentes a 232 meses, por los delitos de traspaso agravado de drogas y posesión ilícita de armas de fuego, tras comprobarse su participación en el ingreso de sustancias y armamento al Complejo Penitenciario La Joya, en un hecho ocurrido el 28 de marzo de 2026.

La decisión del Tribunal de Garantías se sustentó en las pruebas presentadas por la Fiscalía de Drogas del Ministerio Público, que logró acreditar la responsabilidad penal de ambas implicadas en una operación que evidencia la persistente presión del crimen organizado sobre el sistema penitenciario panameño.

El fallo establece que cada una de las condenadas deberá cumplir 13 años y 4 meses de prisión por el delito de traspaso agravado de drogas, equivalentes a 160 meses, y otros 6 años de prisión por la posesión ilícita de armas, es decir, 72 meses, sumando una pena total de 19 años y 4 meses, o 232 meses.

Además, se les impuso como pena accesoria la prohibición de portar armas de fuego una vez cumplida la condena. Este caso vuelve a poner en evidencia cómo las estructuras criminales continúan intentando introducir drogas y armas en centros penitenciarios, utilizando distintos métodos para evadir los controles de seguridad.

De acuerdo con las investigaciones, las mujeres fueron aprehendidas dentro del perímetro del complejo penitenciario cuando intentaban introducir múltiples kilogramos de marihuana y cocaína, así como 191 pastillas de metanfetamina, además de tres armas de fuego, proveedores y municiones de diversos calibres.

Entre los objetos decomisados también se encontraban teléfonos celulares, encendedores plásticos y otros artículos prohibidos, lo que refleja la magnitud de la operación y la diversidad de elementos que buscan ingresar a estos centros.

El operativo que permitió su captura se desarrolló en el área de El Puente, cerca del Centro Penitenciario La Joyita, donde unidades de la Policía Nacional mantenían vigilancia perimetral.

Durante la intervención, se detectaron bolsas transparentes que contenían armas, municiones y posteriormente una tercera bolsa con 38 paquetes de material vegetal, recipientes con sustancia blanca y cerca de 190 pastillas de colores, presuntamente drogas sintéticas.

Este hallazgo confirma la constante innovación logística de las redes criminales para abastecer a privados de libertad.

Las autoridades también reportaron el decomiso de más de 11,000 hojas de papel tipo “feeling”, equipos para tatuar y otros objetos que forman parte de las economías ilegales dentro de las cárceles.

Estos elementos evidencian que el problema no se limita al tráfico de drogas, sino que incluye una red más amplia de actividades ilícitas internas, que requieren constante vigilancia y operativos coordinados entre distintas instituciones de seguridad.

Este caso se suma a una serie de operativos recientes que han logrado frenar el ingreso de sustancias ilícitas y equipos tecnológicos a centros penitenciarios en Panamá.

En días anteriores, las autoridades habían reportado incautaciones de drogas introducidas mediante drones, así como el decomiso de dispositivos como antenas de internet satelital, lo que evidencia un cambio en las estrategias del crimen organizado, que ahora incorpora herramientas tecnológicas para burlar los controles tradicionales.

El aumento de estos intentos refleja la presión que enfrentan los sistemas penitenciarios en la región, donde las cárceles continúan siendo puntos estratégicos para la operación de redes criminales. En Panamá, las autoridades han reforzado los operativos internos y la vigilancia perimetral, buscando cerrar brechas de seguridad y evitar que estos centros se conviertan en plataformas de coordinación delictiva.

La Procuraduría General de la Nación reiteró que mantendrá una política de tolerancia cero frente al narcotráfico y el tráfico de armas, destacando que este tipo de condenas envía un mensaje claro sobre las consecuencias legales de estas acciones.

Asimismo, subrayó que las investigaciones se desarrollan con base en criterios de objetividad, transparencia y apego a la ley, con el objetivo de desarticular las redes que operan dentro y fuera de los centros penitenciarios.

Por su parte, la Policía Nacional aseguró que continuará fortaleciendo las estrategias de control en los alrededores de los centros penitenciarios, así como los operativos internos, con el fin de evitar el ingreso de sustancias ilícitas, armas y tecnología prohibida. Las autoridades insisten en que la cooperación interinstitucional será clave para enfrentar este fenómeno, que combina narcotráfico, crimen organizado y uso de nuevas tecnologías.