Progreso o subdesarrollo

Paradójicamente, quienes más se oponen al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que se está debatiendo en el Senado, son los políticos que más han contribuido para que sea necesario. Esgrimen que los beneficios fiscales del RIGI “son demasiado generosos”, pero antes deberían reflexionar, hacer una autocrítica y asumir que esa “generosidad” fiscal es directamente proporcional a la inestabilidad jurídica y económica que sembraron cuando estuvieron en el poder.

En 2008, una simple resolución ministerial aumentó los impuestos a las exportaciones del 20% al 48% al sector productivo más importante de la Argentina. Sin ningún debate previo en el Congreso, un burócrata del Estado firmó una resolución que puso en crisis institucional a todo el país y generó una grieta política que ya lleva casi dos décadas.

Los mismos políticos que en los últimos treinta años aplicaron restricciones a la compra y venta de moneda extranjera y a la remisión de utilidades al exterior, que crearon impuestos distorsivos y extravagantes como el que se aplica a los créditos y débitos bancarios, o a los gastos en el exterior con tarjetas de crédito, consideran que las condiciones de estabilidad jurídica, cambiaria y fiscal que otorga el RIGI son “excesivas”.

En la superficie no se animan a afirmar que son anti desarrollistas, y que no han objetado las políticas que dilapidaron una excepcional década de términos del intercambio favorables bombeando el consumo y el gasto público mientras descapitalizaban la economía nacional, en particular en infraestructura y en industrias de base.

Senadores kirchneristas, fundaciones y medios afines han expresado que el RIGI va a generar un industricidio y que monopolios extranjeros se van a llevar nuestros recursos sin pagar impuestos ni generar trabajo local. Esas expresiones parecen derivarse de la calificación que CFK hizo del RIGI, como una reedición del estatuto legal del coloniaje, un concepto anacrónico del siglo pasado que no aplica a la realidad actual.

En primer lugar, el RIGI otorga incentivos fiscales y cambiarios tanto para inversiones extranjeras como nacionales. El requisito principal es que deben superar los 200 millones de dólares, y que un 40% de la inversión debe realizarse en los primeros dos años del proyecto.

El coro anti desarrollista repite que el RIGI es industricida porque no obliga a los grandes inversores a comprar insumos y equipos a proveedores locales. Es cierto que el RIGI no los obliga, pero es falso afirmar que destruya industria existente.

Según el documento de trabajo “¿Cuánto deja la minería en Argentina?”, de Daniel Schteingart y Esteban Maito (2022), de cada 100 dólares generados por la industria minera, 40 se gastaron en bienes y servicios de productores locales, 15 en mano de obra local, 12 en impuestos nacionales y regalías provinciales, 20 en importaciones de bienes de capital y 13 en utilidades.

Es erróneo afirmar que nuevas inversiones generan industricidio. La evidencia indica lo contrario. Lo único cierto es que sin incentivos adecuados, no habrá grandes inversiones. Y si no hay inversiones, no habrá demanda de bienes y servicios locales, ni pago de impuestos nacionales ni de regalías provinciales. No habrá nada.

Dicho ello, es cierto que el RIGI puede ser mejorado. Hoy carece de un programa de desarrollo de proveedores locales que lo complemente. Pero es falaz decir que esa carencia lo convierta en anti industria, como intentan argumentar los que quieren voltear al RIGI y frenar el desarrollo argentino.

El RIGI se puede mejorar con normas y políticas complementarias, por ejemplo con una nueva Ley que promueva de modo no compulsivo el desarrollo de proveedores locales de los grandes inversores, como en Australia, o con un régimen de incentivos fiscales para las inversiones de capital que hagan esos proveedores para mejorar su competitividad.

Lo prioritario ahora es aprobar el RIGI. Si lo aprobamos, lo podemos complementar. Si es rechazado en el Senado, lo único seguro es que no vamos a conseguir las inversiones que necesitamos para salir del subdesarrollo.

La historia ya registra un antecedente similar: en la década de 1960 Argentina importaba el 70% del petróleo que necesitaba el país, y el Estado no tenía la capacidad técnica ni financiera necesaria para producirlo. Entonces, el Presidente Frondizi lanzó una enérgica convocatoria a capitales extranjeros para revertir esa situación. Mientras los anti desarrollistas de esa época esgrimían argumentos similares a los anti desarrollistas del siglo XXI para impedir la política petrolera del Gobierno, Frondizi siguió adelante con su proyecto y obtuvo las inversiones necesarias para lograr el autoabastecimiento en solamente 3 años, en un contexto de inédita expansión industrial.

Hoy nadie registra a quienes boicotearon aquellas inversiones que necesitaba el país, pero Frondizi quedó en la historia por su determinación y coraje para hacer lo correcto. Lo mismo va a ocurrir con los personajes menores que hoy ponen piedras en el camino para tratar que el RIGI sea rechazado en el Congreso y con quienes lo acompañemos para aprobarlo.