CIDH exige garantizar la vida y el acceso familiar de Santos Ariel Rodríguez Lagos en Nicaragua

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió este viernes otorgar medidas cautelares a favor de Santos Ariel Rodríguez Lagos ante la existencia de un riesgo grave e inminente para su vida e integridad personal en Nicaragua.

Según la resolución emitida por la Comisión, el caso reúne los elementos de gravedad y urgencia que demanda el organismo, en virtud de la ausencia de información oficial sobre el paradero y las condiciones de detención.

De acuerdo con la información presentada a la CIDH, Rodríguez Lagos fue detenido el 2 de junio de 2024 por agentes del régimen nicaragüense. Desde ese momento, familiares y allegados no han recibido datos oficiales sobre su ubicación ni sobre el estado actual en que se encuentra. Las gestiones de verificación realizadas por sus cercanos no lograron establecer contacto ni obtener respuesta por parte de las autoridades. La CIDH detalló que Nicaragua tampoco proporcionó información al organismo sobre la situación del detenido.

CIDH exige a Nicaragua revelar el paradero y condiciones de detención

El análisis incluyó una evaluación exhaustiva de los hechos y de los argumentos jurídicos presentados. En su resolución, el organismo concluyó que Rodríguez Lagos permanece bajo custodia sin que exista información precisa sobre el sitio de reclusión ni sobre sus condiciones de detención. Además, el empresario se encuentra en situación de incomunicación total y prolongada, sin posibilidad de recibir visitas de familiares o representantes legales de confianza. La CIDH destacó que esta circunstancia representa un riesgo adicional y potencial para los derechos fundamentales del detenido.

Entre las disposiciones establecidas por la resolución, la Comisión requirió que Nicaragua precise las circunstancias y las condiciones de detención, incluyendo la obligación de revelar el lugar donde permanece bajo custodia. Además, la resolución demanda que se garantice el contacto regular y el acceso entre el detenido, sus familiares y sus representantes legales.

También exigió que informe formalmente sobre los motivos de la detención, identificando los delitos que se le imputan a Rodríguez Lagos y la autoridad judicial competente en el proceso. Asimismo, se pidió que las medidas a implementar sean consensuadas. Un punto central de la decisión de la CIDH es el requerimiento de informar sobre las acciones adelantadas para investigar los hechos que originaron la resolución y evitar la repetición de situaciones similares.

El caso se suma a otros expedientes en los que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interviene para exigir garantías de protección, transparencia y acceso a la justicia ante situaciones de detención y desaparición bajo la dictadura Ortega-Murillo.

Según el último informe de la Asociación Memoria y Justicia (AMJ), Rodríguez Lagos figura entre los 60 presos políticos identificados al 31 de julio de 2026. La organización documentó la desaparición forzada en el departamento de Nueva Segovia, señalando que su captura estuvo vinculada a una investigación de sus proyectos de lotificación en Jalapa.

Tras la detención, las autoridades exigieron a la familia la entrega de escrituras de las propiedades de Rodríguez Lagos, y desde octubre de 2025, han negado sistemáticamente su presencia en el penal, dejando a la familia sin noticias de su situación.