La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), bajo la dirección de Ana Gabriela Guevara, se enfrenta a serias acusaciones de desvíos de recursos públicos, destacando un cuestionable pago de 17.4 millones de pesos por servicios de limpieza que, según informes, no cumplieron con las condiciones estipuladas.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), mediante la auditoría 141-DS, ha expuesto esta irregularidad financiera, indicando la falta de evidencia sobre la realización de estos servicios conforme al contrato establecido.
Este supuesto mal manejo de fondos se centra en un contrato específico, numerado SE-041-19, con Rapax, S.A. de C.V., donde se presume un perjuicio considerable a la Hacienda Pública Federal por un total de 17,404,636.49 pesos. La controversia radica en la ausencia de un sistema biométrico comprometido para verificar la efectividad y cumplimiento de los servicios contratados, lo cual genera serias dudas sobre la legitimidad de los pagos efectuados.
A pesar de existir un contrato anterior (IA-011L6I001-E47-2019-2133310) que definía el monto a pagar por estos servicios entre la Secretaría de la Función Pública y la CONADE, los 17 millones mencionados no figuran en los documentos, lo que agrava la situación de transparencia y manejo de fondos dentro de la CONADE.
Ana Guevara y su equipo no han podido aclarar los supuestos pagos
Adicionalmente, este escándalo se suma a anteriores denuncias sobre la empresa Rapax, incluso por parte de Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien señaló incumplimientos contractuales y prácticas cuestionables de manejo de recursos públicos.
Hasta la fecha, ni Ana Gabriela Guevara Espinoza ni su equipo han logrado proporcionar documentación que aclare estos pagos, lo que incrementa las sombras de corrupción y malversación de fondos alrededor de este organismo deportivo nacional.
Los hallazgos de la auditoría de 2020, respecto al ejercicio fiscal de 2019, también revelan deficiencias en la acreditación de capacitaciones, la falta de documentación para personal calificado en limpieza de laboratorios y hospitales, además de problemas para demostrar el pago de nómina al personal contratado para llevar a cabo los servicios.
Este caso refleja no solo la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en el manejo de fondos públicos, sino también la urgencia de establecer mecanismos de control más efectivos para prevenir el mal uso de los recursos destinados a fomentar el deporte y la cultura física en el país.
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