México presume aumento de recursos para la primera infancia, pero miles se enfrentan al reclutamiento, trata y violencia familiar

El gobierno federal reportó un incremento de 96% en términos nominales entre 2018 y 2015

(Imagen Ilustrativa Infobae)
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México inauguró esta semana, como país sede, la 1ª Cumbre Latinoamericana de Inversión en Primera Infancia, un encuentro de dos días en el que gobiernos, organismos internacionales, sociedad civil, sector privado y especialistas analizarán el financiamiento de servicios para niñas y niños menores de seis años.

En el evento, el gobierno federal reportó que la inversión en primera infancia pasó de 110 mil 758 millones en 2018 a 216 mil 560 millones en 2025, un incremento de 96% en términos nominales y de 41% en términos reales.

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Sin embargo, mientras autoridades plantean ampliar los servicios de salud, nutrición, educación inicial, cuidados y protección, 106 mil 346 personas de 0 a 17 años fueron víctimas de delitos entre enero y agosto de 2026, según REDIM.

La cumbre fue inaugurada en la sede de la Cancillería bajo la coorganización de las secretarías de Relaciones Exteriores, Gobernación, Hacienda y Crédito Público, así como de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA.

Durante las sesiones, autoridades de América Latina y el Caribe y representantes de los ministerios de Hacienda y Finanzas revisarán los recursos disponibles y las necesidades de financiamiento para traducirlos en servicios de atención a la niñez.

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El titular de la SRE, Roberto Velasco Álvarez, señaló que México busca que la primera infancia mantenga un lugar permanente en la agenda regional.

El funcionario afirmó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum asume el compromiso de atender las necesidades de salud, nutrición, cuidados y educación de los 12.4 millones de niñas y niños menores de seis años que, según expuso, viven en el país.

Delitos sexuales y violencia familiar concentran miles de víctimas

La Red por los Derechos de la Infancia en México registró 23,030 víctimas menores de edad de delitos sexuales entre enero y agosto de 2026, de las cuales 85.7% fueron mujeres. La violencia familiar dejó otras 23 mil 006 víctimas; 61.8% tenía entre 0 y 12 años. Ambos delitos concentraron más de 43 mil casos en ese periodo.

REDIM también contabilizó 182 víctimas menores de edad de trata de personas, incluidas 49 de trata con fines de explotación sexual.

Las personas de 13 a 17 años representaron 62.6% de las víctimas de trata y 67.3% de los casos de explotación sexual. Quintana Roo, Estado de México y Chihuahua concentraron la mitad de los casos reportados.

En Veracruz, REDIM y el Centro de Estudios Sociales Antonio Montesinos identificaron a Minatitlán, Acayucan, Coatzacoalcos y Poza Rica como municipios críticos para el reclutamiento forzado de adolescentes.

Entre 2015 y 2025, los registros oficiales reportaron 22 menores víctimas de reclutamiento criminal y 32 casos de trata en la entidad, aunque las organizaciones advierten que existe subregistro.

Redes sociales y familiares intervienen en la captación

Marisol Ochoa Elizondo, directora del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana, señaló que el reclutamiento de menores por grupos criminales no depende únicamente de la fuerza.

Las amistades, los entornos familiares, las redes sociales, los videojuegos y las ofertas laborales fraudulentas pueden convertirse en vías de contacto con adolescentes de entre 12 y 17 años.

La especialista explicó que las organizaciones criminales pueden aprovechar necesidades económicas, emocionales y sociales, en especial en comunidades con redes de apoyo debilitadas.

Las promesas de dinero, protección, reconocimiento o pertenencia pueden facilitar la captación, mientras que el traslado de menores a otros territorios puede derivar en desplazamiento y desaparición.

Ochoa Elizondo advirtió que un menor detenido con armas o drogas no debe ser considerado automáticamente delincuente.

Las autoridades deben investigar si actuó bajo amenazas, subordinación o explotación, con intervención de las instancias de protección de la infancia.

Embarazos infantiles son considerados fecundidad forzada

En 2025, el INEGI registró 85 mil 357 nacimientos de madres de entre 10 y 17 años en México. De ese total, 5 mil 876 correspondieron a niñas de 10 a 14 años.

Chiapas reportó la tasa más alta de nacimientos entre madres de 10 a 17 años, con 18.5 por cada mil adolescentes.

La Secretaría Ejecutiva del SIPINNA reportó 7,887 nacimientos de madres menores de 15 años durante 2025 y calificó esos casos como una emergencia de salud pública y una vulneración de derechos humanos.

La dependencia utiliza el término “fecundidad forzada” al sostener que no puede existir consentimiento en embarazos infantiles.

SIPINNA plantea que la maternidad infantil no debe invisibilizar los delitos ni desplazar la obligación de las autoridades de investigar a los agresores, sancionarlos y reparar el daño.

La estrategia Niñas Sí, Madres No propone detección temprana en escuelas y clínicas, atención sin revictimización y la aplicación de la Ruta NAME para restituir derechos de niñas y adolescentes embarazadas o madres menores de 15 años.

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