
Ahora Movimiento Ciudadano (MC) busca que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigue a Amílcar Olán, amigo de Andy y Gonzalo ‘Bobby’ López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por presuntas irregularidades en contratos para la adquisición y distribución de medicamentos.
El dirigente nacional del partido, Jorge Álvarez Máynez, presentó una denuncia ante el órgano fiscalizador en la que señaló incumplimientos en la entrega de millones de órdenes de suministro, retrasos de hasta 220 días y pagos que, de acuerdo con sus señalamientos, no estarían respaldados por la recepción de los productos.
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A través de sus redes sociales, el líder emecista informó que acudió a la ASF para denunciar a Amílcar Olán y solicitar que se revisen los recursos públicos destinados al abastecimiento de medicamentos durante los ejercicios fiscales 2025 y 2026.
Álvarez Máynez acusa incumplimiento en la entrega de medicamentos
En su publicación, el dirigente de Movimiento Ciudadano aseguró que las empresas vinculadas con Amílcar Olán recibieron contratos para surtir casi 20 millones de órdenes de medicamentos; sin embargo, afirmó que más de 17 millones no fueron entregadas, lo que representaría un incumplimiento del 85%.
El emecista también señaló otras presuntas irregularidades en el desarrollo de los contratos, entre ellas:
- Retrasos de hasta 220 días en la entrega de medicamentos.
- Pagos realizados sin que existieran comprobantes de recepción de los productos.
- Sanciones por incumplimientos que, según su denuncia, nunca fueron cobradas.
- Falta de medicamentos pese a los recursos públicos destinados a su adquisición.

“Faltan medicinas y nadie rinde cuentas. Que se investigue”, expresó Álvarez Máynez al dar a conocer la denuncia.
El documento, fechado el 29 de octubre de 2026 en la Ciudad de México, está dirigido al auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, y plantea investigar posibles irregularidades en la gestión, aplicación, control y ejercicio de recursos federales destinados a la compra de medicamentos, bienes terapéuticos y material de curación.
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En el escrito también se identifican tres empresas cuyos contratos y órdenes de suministro forman parte de los hechos denunciados:
- Labco Soluciones Médicas, S.A. de C.V.
- Biosistemas y Seguridad Privada, S.A. de C.V.
- Grupo Médico Castro Díaz, S.C.
Amílcar Olán y sus antecedentes en contratos de medicamentos
El señalamiento contra Amílcar Olán se suma a los cuestionamientos que han surgido por sus relaciones empresariales y cercanía con Andy y Gonzalo ‘Bobby’ López Beltrán.
El empresario tabasqueño ha sido relacionado con negocios y contrataciones gubernamentales durante el sexenio de López Obrador. Entre los antecedentes se encuentra la participación de Romedic, empresa vinculada con Olán, en un contrato otorgado en 2023 por el gobierno de Quintana Roo para el suministro de medicamentos, cuyo monto superó los 295 millones de pesos.
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Además, el pasado 7 de octubre, organizaciones de padres de niñas y niños con cáncer acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar a dos de los hijos del expresidente de México por presuntas irregularidades en la adquisición y distribución de medicamentos oncológicos.
Los denunciantes solicitaron investigar posibles sobreprecios, la calidad de determinados fármacos y las condiciones en las que se realizaron las contrataciones. Estos señalamientos también pusieron bajo cuestionamiento el funcionamiento de los mecanismos de compra y distribución de tratamientos destinados a pacientes pediátricos.
Por otra parte, el nombre de Olán ha aparecido en reportes sobre una presunta investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), relacionada con una cuenta bancaria en Suiza que tendría un saldo de 72 millones de euros, equivalente a aproximadamente mil 400 millones de pesos.
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También se difundieron versiones sobre su salida de ese país y un posible traslado a Dubái, aunque su paradero no quedó acreditado en la información disponible.
El escrito presentado por Álvarez Máynez invoca los artículos 79 y 134 de la Constitución mexicana, así como diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para solicitar la intervención de la ASF en esta nueva denuncia.
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