Mario Marín tiene mala conducta y actitud de líder negativo dentro de prisión, revela Lydia Cacho: explica falla técnica en nueva audiencia

Mario Marín, exgobernador de Puebla conocido como el “Gober Precioso” y acusado de ordenar la persecución y tortura contra la periodista Lydia Cacho, presenta “mala conducta” y actúa como “líder negativo” dentro del penal de El Altiplano.

Esto último de acuerdo con un documento institucional que la periodista difundió en un video de Instagram esta semana, tras el aplazamiento por falla técnica de la audiencia en la que se definiría su sentencia por tortura.

El documento que describe a Marín como “líder negativo” en prisión

Cacho compartió un reporte de evaluación intrainstitucional elaborado dentro del Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano. El texto señala que Marín “muestra resistencia y se rehúsa en respetar las normas que rigen al interior del centro penitenciario”.

El documento agrega que el exgobernador mantiene “una relación con sus compañeros de dominante y líder negativo, buscando seguidores que cumplan sus comitivas”. El reporte concluye que esta conducta, sumada a su “nula convicción en los ejes rectores”, representa un “riesgo institucional” dentro del penal.

La falla técnica que aplazó la audiencia

La audiencia estaba programada para las 13:00 horas, tiempo de Quintana Roo, ante la jueza María José Pech Sáenz, titular del Juzgado Cuarto de Distrito con residencia en Cancún, dentro de la causa penal 25/2018. Marín debía participar por videoconferencia desde El Altiplano; Cacho seguiría el proceso desde España.

La organización Artículo 19 México y Centroamérica confirmó que el sistema Webex presentó fallas cuando la defensa de la periodista intentó conectarse a la sesión.

“Al intentar conectarse la defensa de Lydia observamos que la cuenta se reportaba como inhabilitada”, informó la organización en su cuenta de X.

Un día después, en un video publicado en su cuenta de Instagram, Cacho cuestionó las explicaciones oficiales sobre lo ocurrido. Primero le indicaron una falla en el suministro eléctrico del juzgado; después le notificaron un problema con la plataforma de videoconferencia.

“Parece ser que los juzgados no habían pagado adecuadamente el sistema de comunicación de plataforma donde se llevan a cabo este tipo de audiencias”, afirmó.

La periodista había solicitado horas antes que la sesión fuera pública, conforme a su derecho como víctima, para que la prensa pudiera documentar el proceso.

Hasta el momento, las autoridades judiciales no han fijado una nueva fecha para la diligencia.

Antecedentes del caso

El proceso se originó hace 21 años, cuando Cacho publicó Los demonios del Edén, libro en el que documentó una red de trata y explotación sexual infantil en Cancún.

En la investigación aparecía el empresario Kamel Nacif, conocido como el “Rey de la Mezclilla” y ciudadano libanés, señalado como socio de Jean Succar Kuri, identificado por Cacho como líder de la red.

Según relató la periodista, Nacif pidió por teléfono a Marín que ordenara su detención como represalia por el libro.

Cacho afirmó que el exgobernador movilizó a 34 servidores públicos para concretar el arresto, ocurrido el 16 de diciembre de 2005 en Cancún.

La periodista fue trasladada por tierra a Puebla durante cerca de 20 horas bajo custodia policial. Denunció tortura física y psicológica, amenazas de muerte y violencia sexual durante el trayecto y en instalaciones de la entonces Procuraduría de Puebla.

El proceso judicial ha enfrentado múltiples obstáculos. Kamel Nacif obtuvo un amparo en 2021 que lo liberó de responsabilidad por tortura.

En 2025, el mismo tribunal exoneró al excomandante Juan Sánchez Moreno. Hugo Karam Beltrán salió de prisión en 2024 por un cambio de medidas cautelares, y el excomandante Alejandro Rocha Laureano fue liberado el 14 de octubre de 2026 tras cumplir su condena.

Marín permanece recluido en El Altiplano desde que un tribunal federal revocó, en 2024, el beneficio de prisión domiciliaria que había obtenido.

En 2018, el Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó que el Estado mexicano violó los derechos de Cacho. Desde 2009, la periodista y su familia cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.