Un ex funcionario de Oaxaca habría usado hasta 35 teléfonos para presionar a su expareja a volver con él: fue procesado por extorsión

Manuel de Jesús M.A., ex subsecretario de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Oaxaca, fue detenido y vinculado a proceso por el delito de extorsión agravada en agravio de su expareja. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó los hechos.

De acuerdo con la investigación, el imputado utilizó más de 30 números telefónicos para enviar mensajes a la víctima a través de WhatsApp. El objetivo, según las indagatorias, era recuperar la relación sentimental que ambos mantenían.

Detención y vinculación a proceso

La detención del exservidor público, quien se desempeñó en los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), ocurrió durante la mañana. Tras el procedimiento, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para iniciar el trámite judicial.

Un exsubsecretario de Salud de Oaxaca fue vinculado a proceso por extorsión agravada contra su expareja, luego de que la Fiscalía estatal documentara el uso de más de 30 líneas telefónicas para enviarle mensajes violentos con el fin de reanudar la relación. El juez de la causa le impuso medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

Durante la audiencia correspondiente, el juez de la causa dictó el auto de vinculación a proceso contra el imputado. La resolución se dio tras analizar los elementos presentados por la fiscalía.

Fuentes ministeriales habían anticipado que era probable que el imputado fuera vinculado a proceso por los delitos que se le imputan, pero que llevara el procedimiento en libertad. Ese escenario se confirmó en la audiencia judicial.

Trayectoria política y señalamientos previos

El imputado ocupó el cargo de subsecretario de Administración y Finanzas de los SSO durante el gobierno de Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca entre 2016 y 2022. Desde esa posición, también enfrentó señalamientos previos por presunta malversación de recursos de la dependencia.

Además de su paso por el sector salud, el ex funcionario se desempeñó como secretario de Operación Política del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Oaxaca. Su participación política incluyó también una candidatura a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez.

Esta trayectoria pública coloca al caso bajo mayor escrutinio, dado el perfil institucional y partidista del imputado previo a los hechos que ahora se le atribuyen en el ámbito penal.

Mecánica del presunto acoso

Según la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron de manera continuada desde octubre de 2025 hasta septiembre de 2026. Durante ese periodo, las autoridades identificaron al menos 35 líneas telefónicas desde las cuales el imputado habría ejercido violencia moral grave sobre la víctima.

La agresión consistió en la difusión masiva y sistemática de contenido sexual falso atribuido a la víctima. Con este actuar, el imputado habría pretendido obligarla a sostener una relación sentimental, configurando así el tipo de violencia descrita en el delito de extorsión.

Los mensajes enviados por WhatsApp, aunque buscaban recuperar la relación según la investigación, fueron calificados como violentos por las autoridades. Este patrón de comunicación se mantuvo de forma reiterada pese a los rechazos de la víctima.

El acoso y los acercamientos impropios, que la víctima ya le había exigido que no sucedieran, se realizaron principalmente a través de redes sociales. A esto se sumaron episodios presenciales en los que el imputado presumiblemente se presentaba para intimidarla.

Medidas cautelares y próximos pasos

El juez de la causa impuso medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva. Para ello, el juzgador aplicó las restricciones citadas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente los numerales romanos de las fracciones II, V, VI y VII.

La autoridad judicial concedió un plazo de tres meses para llevar a cabo el cierre de la investigación complementaria. Durante ese periodo, la fiscalía deberá reunir y presentar los elementos adicionales que sustenten la acusación.

El proceso legal contra el exfuncionario continuará bajo este esquema, mientras se determina su responsabilidad penal en los hechos que se le imputan.