CIDH pide preservar avances y profundizar investigación sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa a 12 años de su desaparición

Este 26 de septiembre, distintas instituciones internacionales se han pronunciado por la falta de acceso a la verdad y justicia en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la cual cumple 12 años, con trabas de las distintas administraciones federales que han estado al frente del gobierno mexicano.

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reafirmó su solidaridad con las familias y llamó al Estado mexicano a preservar los avances logrados en las investigaciones y a acelerar las acciones para determinar el paradero de los jóvenes.

Pese al esfuerzo de las familias, sus representantes y varias autoridades del propio Estado, los estudiantes continúan desaparecidos y el destino de los procesos judiciales es incierto.

La Comisión sostuvo que este trabajo colectivo permitió, en su momento, logros irrefutables en la reconstrucción de los hechos y la identificación de irregularidades en la investigación, además de combatir narrativas negacionistas dirigidas a entorpecer el proceso de verdad, justicia y reparación.

El GIEI documentó pruebas implantadas en el río San Juan

El 3 de octubre de 2014, la CIDH otorgó la medida cautelar 409/14 con el objeto de determinar el paradero de los estudiantes y brindar atención inmediata a los sobrevivientes. A partir de ese mandato, la Comisión constituyó, en dos períodos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), con la misión de coadyuvar en las investigaciones.

El organismo mantuvo además la supervisión del cumplimiento de la medida cautelar y de las recomendaciones del GIEI a través del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA).

El GIEI desmontó la denominada “verdad histórica” al demostrar científicamente la inviabilidad de la hipótesis según la cual los cuerpos habrían sido incinerados en el basurero de Cocula, y al establecer que se habían implantado pruebas en el río San Juan.

En su última etapa, el grupo de expertos tuvo acceso a videos que mostraban que la Secretaría de Marina había documentado las diligencias realizadas por la Procuraduría General de la República en el basurero de Cocula, lo que evidenció su conocimiento respecto de las anomalías en la investigación. El trabajo de organizaciones nacionales e internacionales incluyó, en paralelo:

• La revisión de cientos de tomos de las carpetas de investigación.
• La identificación de graves inconsistencias en la toma de declaraciones y generación de prueba.
• La realización de nuevas entrevistas a personas detenidas.
• La denuncia pública de torturas durante los interrogatorios a posibles sospechosos.

Estos esfuerzos desde la sociedad civil permitieron conocer también el impacto psicosocial en los estudiantes sobrevivientes y en las familias de los jóvenes desaparecidos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos cuestionó los aportes internacionales

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha cuestionado recientemente la validez de estos aportes técnicos. Para la CIDH, esa postura pretende debilitar la asistencia internacional y afecta el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. El Estado mexicano, por su parte, señaló que su posición general ha sido mantenerse abierto a la cooperación y a la interlocución internacional.

A 12 años de ocurridos los hechos, la Comisión expresó preocupación por el resurgimiento de narrativas que cuestionan o minimizan la participación de las fuerzas militares.

La determinación de responsabilidades debe corresponder exclusivamente a las autoridades encargadas de investigar y sancionar, con base en las pruebas disponibles y conforme a la Constitución y la Convención Americana.

Esa función recae en la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, órgano responsable de conducir la judicialización del caso.

La CIDH pide investigar los vínculos militares con grupos criminales en Guerrero

La Comisión resaltó la necesidad de que las líneas de investigación abarquen la cadena de mando político, la participación de órganos de seguridad del Estado y la actuación de agentes de procuración de justicia.

Recomendó profundizar las pesquisas sobre la participación de agentes de las fuerzas militares y policiales, con el fin de reconstruir sus posibles vínculos con los grupos criminales que operaban en Guerrero en la época de los hechos, en todos los niveles de la cadena de mando.

En el marco de la medida cautelar 409/14, que continúa vigente, la Comisión reafirmó su compromiso con las familias de los 43 estudiantes, quienes junto con las organizaciones que las acompañan —Fundar, Centro de Análisis e Investigación; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Serapaz— han sostenido durante 12 años una lucha por la verdad y la justicia.

La CIDH honró la memoria de Francisco Rodríguez Morales, padre del normalista Everardo Rodríguez Bello, quien falleció este año, así como la de otras madres y padres que han muerto sin conocer la verdad sobre la desaparición de sus hijos.