A. J. E. J., alias “El Fresa”, fue reaprehendido la mañana del jueves 17 de septiembre de 2026 en un hotel de Tamazulápam del Progreso, Oaxaca, horas después de que escapó durante un traslado bajo custodia oficial en inmediaciones de San Bartolo Coyotepec. Su localización cerró el operativo de búsqueda, pero abrió una investigación sobre las condiciones en que un detenido logró evadirse y la posible participación de particulares o servidores públicos.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que en la búsqueda participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, Policía Estatal y fuerzas federales. El despliegue permitió ubicar a “El Fresa” en un hotel de la Mixteca, donde volvió a quedar bajo custodia.
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La reaprehensión resolvió la ubicación del prófugo, aunque no explicó la secuencia que hizo posible su salida. La atención se concentró en el traslado realizado en la jurisdicción de San Bartolo Coyotepec y en las decisiones tomadas por quienes tenían la responsabilidad de vigilarlo.
En un primer informe se relató que los agentes que lo trasladaron habrían sido emboscados por sicarios para liberar al detenido, sin embargo la Fiscalía separó de sus funciones a los cuatro integrantes del Grupo de Operaciones Tácticas tras la evasión. Los agentes quedaron sujetos a investigación, una medida que no estableció por sí misma su responsabilidad, pues esa definición correspondió a los procedimientos administrativos y ministeriales abiertos por el caso.
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El reo fue identificado por medios locales de Oaxaca como exjefe operativo de la Policía Municipal de San Antonio de la Cal.
Cuatro agentes quedaron bajo investigación por la evasión
La dependencia inició procedimientos mediante la Contraloría y la Visitaduría General para deslindar responsabilidades operativas y administrativas. Además, abrió una carpeta de investigación por el delito de Evasión de Presos.
La autoridad advirtió que las personas que favorecieran la fuga de un detenido podrían enfrentar consecuencias penales conforme a la legislación estatal. El expediente debía esclarecer tanto la mecánica de la evasión como una eventual conducta sancionable de quienes participaron en la custodia.
La información oficial indicó que un grupo de personas interceptó a los agentes para liberar a “El Fresa”. Esa versión dejó pendientes detalles sobre el sitio exacto donde comenzó el incidente, la forma en que ocurrió la intercepción y la respuesta de los custodios.
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También permanecieron sin explicación pública el número de vehículos involucrados, la cantidad de elementos que acompañaban al detenido, el armamento y equipo disponibles, así como las medidas de seguridad activas durante el traslado. La reconstrucción de esos factores permitiría establecer si la fuga derivó de una agresión externa, una falla de protocolo o de ambas circunstancias.
La investigación debía identificar a quienes intervinieron
Otro punto por determinar era el tiempo transcurrido entre la evasión y el inicio del operativo de búsqueda. Ese lapso resultaba necesario para conocer cómo se activó la respuesta institucional y bajo qué condiciones “El Fresa” consiguió trasladarse hasta un hotel de Tamazulápam del Progreso.
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Con la información pública disponible, no podía afirmarse que los cuatro agentes separados hubieran actuado en complicidad con el detenido. Tampoco existían elementos que acreditaran un pago para facilitar la fuga.
La investigación debía identificar a las personas que habrían intervenido para liberar al detenido y precisar su posible relación con él. Si se trató de una operación coordinada, las autoridades tendrían que determinar quién la organizó y cómo se ejecutó.
La indagatoria también debía revisar si alguien tuvo información anticipada sobre el traslado. En caso de que un servidor público hubiera proporcionado datos, facilitado condiciones o dejado de cumplir deliberadamente sus obligaciones, la responsabilidad tendría que sustentarse con pruebas.
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Los posibles pagos permanecieron como una línea por verificar
Tras una evasión suelen surgir versiones sobre pagos, amenazas, favores o acuerdos entre particulares y custodios. En este caso, esas interrogantes permanecieron como líneas por verificar y no como hechos demostrados.
La información disponible no identificó una dádiva entregada a los agentes ni acreditó que existiera un pago para permitir la liberación. Cualquier conclusión sobre esa posibilidad dependía del avance de la carpeta de investigación.
Para esclarecerla, las autoridades tendrían que revisar declaraciones, registros de comunicación, videos, movimientos financieros, peritajes y otros elementos que se incorporaran al expediente. La recaptura del detenido resolvió su búsqueda, pero dejó pendiente conocer quién y bajo qué condiciones hizo posible su escape.
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A. J. E. J., alias “El Fresa”, fue reaprehendido la mañana del jueves 17 de septiembre de 2026 en un hotel de Tamazulápam del Progreso, Oaxaca, horas después de que escapó durante un traslado bajo custodia oficial en inmediaciones de San Bartolo Coyotepec. Su localización cerró el operativo de búsqueda, pero abrió una investigación sobre las condiciones en que un detenido logró evadirse y la posible participación de particulares o servidores públicos.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que en la búsqueda participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, Policía Estatal y fuerzas federales. El despliegue permitió ubicar a “El Fresa” en un hotel de la Mixteca, donde volvió a quedar bajo custodia.
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La reaprehensión resolvió la ubicación del prófugo, aunque no explicó la secuencia que hizo posible su salida. La atención se concentró en el traslado realizado en la jurisdicción de San Bartolo Coyotepec y en las decisiones tomadas por quienes tenían la responsabilidad de vigilarlo.
La Fiscalía separó de sus funciones a cuatro integrantes del Grupo de Operaciones Tácticas tras la evasión. Los agentes quedaron sujetos a investigación, una medida que no estableció por sí misma su responsabilidad, pues esa definición correspondió a los procedimientos administrativos y ministeriales abiertos por el caso.
Cuatro agentes quedaron bajo investigación por la evasión
La dependencia inició procedimientos mediante la Contraloría y la Visitaduría General para deslindar responsabilidades operativas y administrativas. Además, abrió una carpeta de investigación por el delito de Evasión de Presos.
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La autoridad advirtió que las personas que favorecieran la fuga de un detenido podrían enfrentar consecuencias penales conforme a la legislación estatal. El expediente debía esclarecer tanto la mecánica de la evasión como una eventual conducta sancionable de quienes participaron en la custodia.
La información oficial indicó que un grupo de personas interceptó a los agentes para liberar a “El Fresa”. Esa versión dejó pendientes detalles sobre el sitio exacto donde comenzó el incidente, la forma en que ocurrió la intercepción y la respuesta de los custodios.
También permanecieron sin explicación pública el número de vehículos involucrados, la cantidad de elementos que acompañaban al detenido, el armamento y equipo disponibles, así como las medidas de seguridad activas durante el traslado. La reconstrucción de esos factores permitiría establecer si la fuga derivó de una agresión externa, una falla de protocolo o de ambas circunstancias.
La investigación debe identificar a quienes intervinieron
Otro punto por determinar era el tiempo transcurrido entre la evasión y el inicio del operativo de búsqueda. Ese lapso resultaba necesario para conocer cómo se activó la respuesta institucional y bajo qué condiciones “El Fresa” consiguió trasladarse hasta un hotel de Tamazulápam del Progreso.
Con la información pública disponible, no podía afirmarse que los cuatro agentes separados hubieran actuado en complicidad con el detenido. Tampoco existían elementos que acreditaran un pago para facilitar la fuga.
La investigación debía identificar a las personas que habrían intervenido para liberar al detenido y precisar su posible relación con él. Si se trató de una operación coordinada, las autoridades tendrían que determinar quién la organizó y cómo se ejecutó.
La indagatoria también debía revisar si alguien tuvo información anticipada sobre el traslado. En caso de que un servidor público hubiera proporcionado datos, facilitado condiciones o dejado de cumplir deliberadamente sus obligaciones, la responsabilidad tendría que sustentarse con pruebas.
Los posibles pagos permanecieron como una línea por verificar
Tras una evasión suelen surgir versiones sobre pagos, amenazas, favores o acuerdos entre particulares y custodios. En este caso, esas interrogantes permanecieron como líneas por verificar y no como hechos demostrados.
La información disponible no identificó una dádiva entregada a los agentes ni acreditó que existiera un pago para permitir la liberación. Cualquier conclusión sobre esa posibilidad dependía del avance de la carpeta de investigación.
Para esclarecerla, las autoridades tendrían que revisar declaraciones, registros de comunicación, videos, movimientos financieros, peritajes y otros elementos que se incorporaran al expediente. La recaptura del detenido resolvió su búsqueda, pero dejó pendiente conocer quién y bajo qué condiciones hizo posible su escape.
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