
Organizaciones ambientales alertaron que la planta de gas AMIGO GNL proyectada para operar en Guaymas, Sonora, podría contar con una autorización ambiental cuya fecha, existencia y estatus no fueron aclarados formalmente. Las dudas surgen en un contexto en el que la planta de gas se encuentra con una suspensión definitiva que frenó nuevas aprobaciones y el permiso de operar mientras se resuelve un juicio de amparo interpuesto por la organización Nuestro Futuro A.C.
El proyecto contempla exportar más de 5.1 millones de toneladas anuales de gas natural licuado hacia mercados asiáticos. Para ello, prevé infraestructura terrestre y marítima frente a la costa de Sonora, además de la llegada de hasta 175 buques metaneros al año al Golfo de California, lo cual ha alertado a la comunidad y a ambientalistas por el daño que esto implicaría a la fauna marina, una de las más grandes e importantes de México y el planeta.
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La coalición ¿Ballenas o Gas? y la organización Nuestro Futuro A.C. señalaron que las contradicciones en estos permisos ambientales ya no se limitan a una discusión administrativa. Las agrupaciones plantearon que debe determinarse si hubo ocultamiento, alteración o manejo irregular de datos para sostener el avance de la terminal.
ASEA informó al juez que no había otorgado un permiso ambiental
Nuestro Futuro presentó en marzo de 2026 un juicio de amparo contra el procedimiento de manifestación de impacto ambiental de AMIGO GNL. La organización sostuvo que la información disponible no permitía conocer de forma completa los riesgos de la obra para las ballenas, otras especies marinas y las comunidades del Golfo de California.
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Durante la consulta pública del proyecto se recibieron más de 4,800 observaciones. Los participantes cuestionaron la falta de un análisis acumulativo sobre las obras terrestres, la terminal marítima, el tránsito de embarcaciones y los efectos que tendrían sobre el agua, los sedimentos y la fauna.
El 20 de mayo, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó ante el juzgado, bajo protesta de decir verdad, que no había otorgado permiso ambiental alguno a AMIGO GNL. Esa declaración quedó incorporada en el proceso judicial promovido por Nuestro Futuro.
Siete días después, el 27 de mayo, un juez federal concedió una suspensión definitiva. La medida impidió a la ASEA emitir nuevas autorizaciones ambientales relacionadas con el proyecto hasta que existiera una resolución de fondo sobre el amparo.
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La orden judicial respondió a señalamientos sobre deficiencias en la consulta y el acceso a la información. El juicio revisó si las autoridades garantizaron la participación pública antes de permitir el desarrollo de una obra de gran escala frente a Guaymas.
Un documento presentado en Estados Unidos abrió nuevas dudas
A finales de agosto, la coalición ¿Ballenas o Gas? identificó una referencia que abrió una nueva disputa. En una solicitud entregada ante el Departamento de Energía de Estados Unidos para ampliar plazos de exportación, AMIGO GNL afirmó que contaba con una autorización ambiental emitida por la ASEA el 13 de abril de 2026.
Esa fecha antecedió a la declaración que la propia Agencia presentó el 20 de mayo ante el juez. Si el permiso existía desde abril, las organizaciones cuestionaron por qué la autoridad federal sostuvo semanas después que no había emitido ninguna aprobación ambiental.
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También preguntaron por qué ese documento no apareció en el expediente judicial, quién tuvo conocimiento de su existencia y cuál era su condición jurídica cuando se concedió la suspensión definitiva. La diferencia entre las fechas obligó a revisar el origen y la emisión del supuesto permiso.
Nuestro Futuro señaló que todavía no correspondía afirmar que hubo una conducta ilegal, sin embargo, pidió contrastar la documentación completa, conocer las versiones de las autoridades involucradas y establecer si existió un error administrativo o una irregularidad con posibles consecuencias administrativas y penales.
Si la autorización fue emitida el 13 de abril, debe aclararse la contradicción con la información que ASEA entregó al juzgado el 20 de mayo. Si el documento se emitió después, debe explicarse por qué apareció con una fecha anterior y si su elaboración respetó las medidas dictadas en el amparo.
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El tránsito de metaneros pone en riesgo a las especies marinas
AMIGO GNL plantea recibir gas proveniente de Estados Unidos, procesarlo en Sonora y enviarlo por barco a destinos del otro lado del Pacífico. Las organizaciones sostienen que la revisión ambiental no puede limitarse a la terminal, pues la operación depende de actividades marítimas constantes.
Los buques previstos para la exportación medirían más de 300 metros. Su tránsito generaría ruido submarino, riesgo de colisiones con cetáceos y alteraciones en las rutas de alimentación, reproducción y desplazamiento de especies que habitan o cruzan el Golfo de California.
También se advierten posibles efectos de dragados, remoción de sedimentos, descargas, emisiones y la introducción de especies no nativas mediante las aguas de lastre y la bioincrustación de los barcos. Las agrupaciones han sostenido que esos factores deben analizarse de forma conjunta.
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El Golfo de California concentra cerca de 39% de los mamíferos marinos registrados en el mundo y 80% de los presentes en México. La región también alberga cinco de las siete especies de tortugas marinas del país.
La suspensión definitiva mantiene detenida la emisión de nuevas aprobaciones para una planta que buscaba instalarse frente a una de las zonas marinas con mayor diversidad de México.
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