El 95% de los desplazados regresa a Chiapas tras operativos contra el Cártel del Pacífico, el Cártel de Chiapas y Guatemala, y el CJNG

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, afirmó este viernes que el 95 por ciento de las personas desplazadas por grupos delictivos en el estado ya regresó a sus comunidades de origen. La declaración llegó en respuesta a una pregunta periodística sobre el estado actual del desplazamiento forzado, fenómeno que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó en 24 mil 290 víctimas entre enero de 2021 y octubre de 2025.

Bajo este parámetro, el mandatario atribuyó el retorno a la aplicación de la ley “sin miramientos” contra los tres grupos criminales que operan en la entidad: el Cártel del Pacífico, el Cártel de Chiapas y Guatemala y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Eduardo Ramírez Aguilar: “Cuando la ley se aplica parejo, la delincuencia respeta”

Ramírez Aguilar explicó en conferencia matutina que el desplazamiento forzado en Chiapas cambió de naturaleza con el tiempo. Antes respondía a conflictos religiosos; después se convirtió en consecuencia directa de la disputa territorial entre organizaciones criminales.

El gobernador detalló que muchas familias se establecieron en Tuxtla Gutiérrez y Comitán de Domínguez durante los peores momentos de la crisis. Otras, dijo, ya retornaron a sus comunidades de origen en municipios como Frontera Comalapa, Chicomuselo y Amatenango de la Frontera.

Sobre Amatenango de la Frontera, Ramírez Aguilar precisó que quienes habían cruzado hacia el lado guatemalteco ya están de regreso, en particular en la comunidad de Escobillal. El funcionario afirmó que la cabecera municipal, que prácticamente quedó vacía, recibió a todos sus habitantes.

En cuanto a Pantelhó, el gobernador señaló que la zona recuperó gobernabilidad tras la aplicación de la ley contra dos grupos de tipo político-social conocidos como Los Herrera y El Machete. Ambas organizaciones, indicó, recibieron el mismo tratamiento legal sin distinción.

“El cero impunidad ha permitido que regresen todas las familias”, afirmó Ramírez Aguilar ante la conferencia matutina. Reconoció que alguna comunidad aislada podría tener casos pendientes, pero sostuvo que la inmensa mayoría retornó de manera pacífica.

El mandatario también informó que la actividad económica se reactivó en los municipios más afectados. Mencionó el cultivo del café en Pantelhó, el comercio en Amatenango de la Frontera y la dinámica productiva en Chicomuselo como señales concretas de normalización.

Los tres cárteles que operaron en la región Sierra Frontera de Chiapas

La disputa territorial en la frontera sur de México involucra a tres organizaciones criminales que el propio gobernador identificó por nombre. El Cártel del Pacífico —también conocido como Cártel de Sinaloa—, el CJNG y el Cártel de Chiapas y Guatemala se enfrentaron por el control de rutas estratégicas de tráfico de drogas y personas desde Centroamérica.

Según información del Frayba, el 35 por ciento de los desplazamientos forzados en Chiapas se originó en la disputa entre estas tres organizaciones. El corredor La Mesilla–Frontera Comalapa, en la frontera con Guatemala, fue uno de los puntos más disputados.

Uno de los episodios más graves ocurrió en mayo de 2023, cuando enfrentamientos entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa obligaron a cuatro mil personas a abandonar sus hogares en Frontera Comalapa en el lapso de cinco días. El evento fue uno de los de mayor escala documentados en el periodo.

El Cártel de Chiapas y Guatemala fue fundado en 2022 y operó principalmente en municipios como Frontera Comalapa, Motozintla, Chicomuselo y Amatenango de la Frontera, según registros de inteligencia. Su líder, Baldemar Calderón Carrillo, conocido como Don Balde, murió en julio de 2025.

Frayba y organismos civiles cuestionan las condiciones reales del retorno

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas publicó en mayo de 2026 su segundo informe Chiapas, la paz pendiente, en el que advirtió que los retornos no siempre representan una solución duradera. El organismo señaló que muchas familias regresan “en condiciones de inseguridad”, lo que genera ciclos de expulsión, retorno precario y nuevo desplazamiento.

El Frayba, junto con otras organizaciones civiles como Serapaz, afirmó que “la violencia vinculada con grupos armados fue y sigue siendo el principal factor de expulsión, en un contexto de debilidad institucional o de respuestas limitadas de parte del Estado”. La declaración contrasta con el diagnóstico oficial presentado en la conferencia matutina.

El informe también destacó que en 2025 la región Sierra Frontera enfrentó la persistencia de desaparición forzada y desplazamiento interno. El Frayba documentó 416 personas desaparecidas en ese año y registró retornos que calificó como “circulares”, es decir, sin condiciones de seguridad reales garantizadas.

Un dato adicional del informe refiere que Chiapas no ha reglamentado la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, vigente desde 2012. A 14 años de su promulgación, el gobierno estatal no ha implementado protocolos ni asignado presupuesto, pese a un amparo judicial que lo obliga a hacerlo.

Pantelhó, el caso más complejo: dos décadas de conflicto armado sin elecciones

El municipio de Pantelhó acumula una crisis de gobernabilidad que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación situó en sus orígenes desde el año 2000, cuando el clan conocido como Los Herrera comenzó a imponer su control. La situación se agudizó en julio de 2021, cuando surgió el grupo de autodefensas El Machete para expulsarlos.

Ambas organizaciones protagonizaron enfrentamientos armados y desplazamientos forzados durante años. En 2024, la violencia impidió la celebración de elecciones ordinarias y extraordinarias, lo que llevó al Congreso de Chiapas a designar un Concejo Municipal mediante el Decreto 467 para el periodo 2024-2027.

El gobernador Ramírez Aguilar describió el conflicto de Pantelhó como “muy matizado” entre dos grupos de tipo político o social. La aplicación de la ley contra ambas facciones, dijo, permitió restablecer la gobernabilidad y el retorno de las familias a la cabecera municipal.

El informe de la Universidad Iberoamericana Travesías Forzadas, publicado en diciembre de 2025, registró 28.900 personas en situación de desplazamiento interno en México durante 2024, de las cuales el 61,8% correspondía a Chiapas. El estado concentró, junto con Michoacán y Zacatecas, el 90% del total nacional de desplazados ese año.