
Nancy Beatriz Ortega Olazagasti era, hasta el 26 de agosto de 2026, una empleada de bajo perfil dentro de la estructura del Ayuntamiento de Tecate, en Baja California. Su nombre no figuraba en ningún encabezado ni en ninguna declaración oficial del municipio hasta que agentes de la CBP encontraron 69.39 kilogramos de presunta metanfetamina ocultos en su Nissan Rogue 2020 cuando intentaba cruzar hacia Estados Unidos.
Ahora, la Fiscalía del Distrito Sur de California la acusó formalmente de importación de sustancias controladas. El caso se hizo público el 28 de agosto, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo incluyó en su reporte semanal sobre procesos fronterizos.
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Nancy Ortega: inspectora municipal con cargo en Justicia Cívica
Ortega Olazagasti pertenecía a la Secretaría del Ayuntamiento de Tecate, encabezada por Eduardo Macías Flores. Su adscripción específica era el departamento de Justicia Cívica, cuyo titular es Raúl Alfredo Ferreiro Guillén.
Su cargo oficial era el de inspectora y notificadora. Los registros de transparencia consultados por Infobae indican que percibía 13.652 pesos con 74 centavos por catorcena, mientras que Latinus reportó un salario mensual de 15.554 pesos para el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2023 y el 30 de junio de 2026.

El Ayuntamiento de Tecate, encabezado por el alcalde morenista Román Cota Muñoz, no emitió ninguna declaración pública durante los primeros días posteriores al arresto. La administración guardó silencio por más de una semana sobre el estatus laboral de la trabajadora.
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Fue hasta el 2 de septiembre cuando el municipio informó que Ortega Olazagasti dejó de formar parte de la nómina municipal. La baja se produjo siete días después de su detención en suelo estadounidense.
La garita de Tecate, el Nissan Rogue y los 30 paquetes hallados el 26 de agosto
A las 10:43 horas del 26 de agosto, Ortega se formó en la fila 2 de la garita de Tecate con su Nissan Rogue 2020. Un agente de la CBP detectó anomalías en la parte inferior de los asientos delanteros mediante un sistema de inspección por rayos X, según documentos judiciales citados por Latinus.
La trabajadora fue remitida a una segunda revisión. En ese punto negó llevar mercancía, afirmó que nadie le había pedido transportar nada y descartó haber cedido el vehículo a terceros en los días previos.
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Los perros entrenados de la CBP alertaron sobre la presencia de narcóticos en el interior del automóvil. La revisión posterior reveló el compartimento no original con los 30 paquetes de metanfetamina.
El arresto se produjo a las 12:26 horas, casi dos horas después del primer contacto con los agentes fronterizos. Ortega reiteró su desconocimiento de la droga y mantuvo que su destino era una tienda Home Depot para adquirir insumos de construcción.
El proceso judicial en San Diego y la baja del Ayuntamiento el 2 de septiembre
El 28 de agosto, Ortega compareció ante el juez Brian White en San Diego. El magistrado le concedió libertad bajo fianza de USD 20.000, con la condición de permanecer en el condado de San Diego, no regresar a México y presentarse ante la corte cada vez que fuera requerida.
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El 1 de septiembre, la acusada renunció a su derecho a una audiencia preliminar. Hasta la fecha de publicación de esta nota no se había fijado una fecha para un eventual juicio.

Su caso formó parte de los 71 procesos fronterizos presentados esa semana por la Fiscalía del Distrito Sur de California. Las autoridades estadounidenses no identificaron en sus comunicados a ninguna organización criminal como propietaria del cargamento, ni atribuyeron la droga a algún grupo que opere en Baja California.
El Ayuntamiento de Tecate emitió un comunicado oficial tras la difusión del caso. “El Gobierno de Tecate es completamente ajeno a los hechos y se deslinda de cualquier conducta que la excolaboradora pudiera haber realizado a título personal”, señaló el texto difundido por la administración de Cota Muñoz.
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El municipio subrayó que los actos atribuidos a Ortega Olazagasti no guardan relación con sus funciones dentro del gobierno local. También indicó que corresponde a las autoridades competentes realizar las investigaciones, determinar responsabilidades y aplicar la ley.
La información disponible hasta ahora no establece ningún vínculo entre el presunto traslado de metanfetamina y las funciones que Ortega desempeñaba en Justicia Cívica. Tampoco existe elemento público que relacione el caso con otros servidores públicos del Ayuntamiento ni con el alcalde Román Cota.

Un antecedente registrado por Tribuna señala que en 2015 Ortega fue detenida por la Policía Municipal de Tecate bajo la acusación de robo a comercio. No existe información pública que vincule ese hecho previo con el caso actual.
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El expediente en su contra constituye una acusación formal que deberá probarse ante un tribunal federal estadounidense. La presunción de inocencia rige mientras el proceso no concluya con una sentencia.
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