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CNDH enciende alerta por casos de abuso sexual infantil en Tamaulipas y Chiapas, advierte sobre cifra negra de denuncias

La Comisión afirmó que la atención institucional no puede concentrarse solo en los casos con repercusión mediática

Una de las personas más cercanas a ella vulneró su confianza y quebró su ser a temprana edad.
Una de las personas más cercanas a ella vulneró su confianza y quebró su ser a temprana edad. (Jovani Pérez / Infobae México)
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El abuso sexual infantil en México permanece como una de las violaciones más graves a los derechos humanos y, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), su alcance real está subregistrado por una “cifra negra” de casos que no se denuncian o no se detectan a tiempo.

En un comunicado, la CNDH afirmó que los hechos reportados en Matamoros, Tamaulipas, y Sabanilla, Chiapas, exponen fallas de prevención, investigación y protección.

En el pronunciamiento DGDDH/015/2026, el organismo sostiene que la violencia sexual infantil se mantiene subregistrada y advierte que la atención institucional no puede concentrarse solo en los casos con repercusión mediática.

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En Matamoros, la CNDH documentó que una niña de 11 años fue atendida en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por embarazo de aproximadamente cinco meses, presuntamente derivado de violencia sexual.

Tras la difusión del caso, las autoridades informaron que se investiga el caso y se le realizó a la menor la interrupción legal del embarazo. El organismo califica el caso como una grave vulneración a los derechos humanos.

Pide investigaciones con diligencia y sin revictimización

La Comisión advierte que la violencia sexual contra menores genera daños físicos, psicológicos, emocionales y sociales que pueden mantenerse durante toda la vida.

En su pronunciamiento, sostiene que las investigaciones deben realizarse con máxima diligencia, bajo el enfoque de interés superior de la niñez y perspectiva de género.

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La CNDH exige que las autoridades garanticen la protección integral de las víctimas y eviten cualquier forma de revictimización durante los procesos judiciales y de atención.

En ese marco, reitera que la protección de la niñez debe ser prioridad de los tres órdenes de gobierno.

Casos en Chiapas, Nuevo León, Puebla y CDMX exhiben un patrón de riesgo

La CNDH sostiene que el caso de Matamoros no es un hecho aislado. En Sabanilla, Chiapas, un niño indígena es presuntamente víctima de agresión sexual; el caso se difunde en redes sociales y genera indignación.

Para el organismo, el episodio muestra la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes en contextos de marginación.

Además, la Comisión menciona otros hechos recientes: la detención de un presunto agresor sexual de una niña de cuatro años en Nuevo León, tras varios años prófugo; investigaciones y procesos judiciales por delitos sexuales contra menores en Puebla; y una sentencia condenatoria contra un exdocente por abuso sexual infantil en la Ciudad de México.

No obstante, el organismo advierte que estos casos corresponden solo a hechos que alcanzan visibilidad pública.

“Detrás de cada caso que llega al conocimiento público pueden existir muchos otros que permanecen sin denunciarse o sin ser identificados por las autoridades”, señala la CNDH.

La Comisión exige prevención y acceso a justicia para las víctimas

Frente a este panorama, la CNDH demanda reforzar la prevención, la detección temprana, la denuncia, la protección y la atención integral a víctimas.

También exhorta a autoridades federales, estatales y municipales a garantizar investigaciones eficaces y oportunas, combatir la impunidad y asegurar acceso a la justicia, atención especializada y reparación integral del daño.

El pronunciamiento convoca a madres, padres y personas cuidadoras a fortalecer entornos de confianza y escucha, atender señales de alerta y promover espacios seguros en el hogar, la escuela, la comunidad y entornos digitales.

La Comisión subraya la necesidad de denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad de niñas, niños y adolescentes.

“La protección de la infancia es una responsabilidad compartida que exige romper los ciclos de silencio, promover la denuncia y construir entornos libres de violencia para todas las niñas, niños y adolescentes”, concluye el organismo.

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