Los Thompson: ellos serían los millonarios operadores de huachicol ligados a Ruffo Appel

La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso contra Los Thompson, ocho personas señaladas por su presunta participación en una red de contrabando de combustible y delitos en materia de hidrocarburos, tras la captura de Ernesto Ruffo Appel. El caso apuntó a un esquema empresarial que habría operado durante décadas en Ensenada, con empresas portuarias y de almacenamiento usadas como soporte para la importación, distribución y comercialización irregular de petrolíferos.

La acusación incluyó a Ernesto “N”, Ricardo “N” y José “N” por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos. Juan “N” y Luis “N” fueron vinculados por delincuencia organizada y contrabando, mientras que José María “N”, Guillermo “N” y Adriana “N” enfrentaron cargos por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

De acuerdo con la imputación, el esquema consistió en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas. La maniobra permitía reportar menos volumen del realmente transportado o declarar otros productos para evadir el pago de impuestos.

La audiencia continuó después de que las defensas se acogieron a la duplicidad del término constitucional. Tras escuchar los argumentos del Ministerio Público Federal adscrito a la FEMDO, el juez también ratificó la prisión preventiva oficiosa para cinco de los imputados.

Ernesto “N”, José “N”, Ricardo “N”, Juan “N” y Luis “N” quedaron sujetos a esa medida en el CEFERESO 1 Altiplano. Guillermo “N” y José María “N” la cumplieron en domicilio, mientras Adriana “N” quedó internada en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.

La investigación ubicó a Ingemar como eje del presunto tráfico ilegal

La indagatoria describió un trabajo de alta complejidad coordinado con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Las detenciones derivaron de la revisión de operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.

La Fiscalía sostuvo que este tipo de conductas provocó una afectación económica directa para el país. También señaló que el contrabando de hidrocarburos se convirtió en fuente de ingresos para organizaciones criminales.

Dentro del expediente, Ricardo Thompson Navarro y Ricardo Thompson Ramírez aparecieron como socios funcionales del entramado vinculado con Ernesto Ruffo Appel. La acusación no los colocó como jefes de la estructura, pero sí como piezas de apoyo corporativo en el modelo de operación.

Uno de los documentos judiciales sostuvo que Thompson Navarro no detentaba funciones de administración dentro de la organización, aunque estaba directamente vinculado con la red empresarial que sirvió como soporte operativo. La misma resolución lo ubicó como participante en personas morales relacionadas corporativamente con Ingemar, identificada como eje del presunto esquema delictivo.

La ruta empresarial comenzó en 1993, cuando Ricardo Thompson Navarro fundó Servicios Portuarios en Ensenada. Esa empresa incluyó entre sus objetos el almacenamiento de mercancías, entre ellas minerales, productos manufacturados y combustible.

Sus accionistas y fundadores fueron Ricardo Thompson Ramírez, Ricardo Thompson Navarro como socio mayoritario y María Lizete Guiza Legaspy. Años después, el 15 de noviembre de 2018, la sociedad amplió su objeto para incorporar servicios de almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, además de la construcción y operación de terminales intermodales, parques industriales, bodegas, silos y talleres.

Ese cambio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio a inicios de 2019. Para entonces, la empresa ya había entrado de lleno al sector energético.

Las empresas portuarias se conectaron con permisos y capital de Ingemar

El 7 de noviembre de 2008, Thompson Navarro y Thompson Ramírez crearon Dragados y Puertos, S de RL de CV, también en Ensenada. Su objeto inicial se centró en construcción de puertos, marinas, terminales, escolleras, dragados y obra civil marítima y portuaria, además de la gestión de concesiones para infraestructura.

Esa sociedad amplió su objeto en asamblea del 3 de enero de 2024. Desde entonces incluyó comercialización, transportación y acopio de productos petrolíferos, gas y derivados del petróleo, entre otros materiales.

En esa misma asamblea, Ricardo Thompson Navarro fue designado gerente general y mantuvo el cargo dentro de la sociedad. Antes, el 27 de julio de 2018, José Merino Valdez Cuervo había sido nombrado apoderado legal de Servicios Portuarios y Dragados y Puertos.

Poco después, el 9 de agosto de 2018, Valdez Cuervo constituyó Ingemar, SA de CV, como asociada de ambas empresas. La Fiscalía identificó a esa compañía como el eje principal del presunto robo de combustible y calculó que en 2025 el daño a la hacienda pública ascendió a $4,456,577,425.

El consejo de administración de Ingemar quedó integrado por Valdez Cuervo como presidente, Thompson Ramírez como secretario y Thompson Navarro como vocal. Yolanda Navarro Samano apareció como comisaria de la sociedad.

En asamblea del 12 de octubre de 2018, Ingemar amplió su objeto social para prestar servicios de almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, así como recepción, conservación y servicio auxiliar de terminal de carga ferroviaria. Esa modificación le abrió la puerta al mercado energético antes del inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

El 19 de noviembre de 2021, la empresa aumentó su capital fijo de $50 mil a $60 mil y revocó apoderados y funcionarios del consejo. En esa misma asamblea ingresó Ernesto Ruffo Appel como accionista con $30 mil y el mismo número de acciones; Valdez Cuervo quedó con 55 mil 500 acciones, Dragados y Puertos con 12 mil 500 y Servicios Portuarios con 12 mil.

La Fiscalía afirmó que Servicios Portuarios y Dragados y Puertos contribuyeron a la adquisición de petrolíferos sin contar con el permiso correspondiente de la Sener. También señaló que en diciembre de 2023 Ingemar recibió cuatro permisos para importar 500 millones de litros de gasolinas Magna, Premium y diésel, pese a que en ese momento los permisos vigentes para esos combustibles se ubicaban entre 60 millones y 100 millones de litros.

Los permisos vencían en diciembre de 2024. Después fueron detectadas irregularidades en los reportes aduanales de la empresa.

Thompson Navarro se deslindó públicamente y afirmó que en 2021 fue despojado de sus acciones en Ingemar por Ernesto Ruffo Appel y José Merino Valdez Cuervo, al pasar de 33% a menos de 1%. Aun así, en el Registro Público continuó apareciendo como socio con 12%.

La FGR sostuvo que Ricardo Thompson Ramírez incurrió en una especie de “ceguera voluntaria”, porque su calidad de accionista de las dos empresas que a su vez eran accionistas de Ingemar le imponía la obligación de vigilar la operación de esa compañía. En el caso de Thompson Navarro, la acusación remarcó que mantuvo vínculos directos con las empresas usadas como instrumentos base para la presunta introducción ilegal de hidrocarburos al territorio nacional y la evasión de contribuciones fiscales.

• La FGR obtuvo vinculación a proceso contra ocho personas por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.
• La investigación ubicó a Ingemar y a dos empresas portuarias de Ensenada como soporte corporativo del presunto tráfico ilegal de combustible.
• La Fiscalía calculó un daño a la hacienda pública de $4,456,577,425 y señaló permisos por 500 millones de litros otorgados a Ingemar en 2023.