Roberto Borge Angulo, exgobernador de Quintana Roo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), abandonó el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI) de Ayala, Morelos, donde estuvo recluido desde enero de 2018, luego de ser absuelto del delito de delincuencia organizada.
Según reportes de medios nacionales como N+, la jueza Graciela Anaya Ruiz ordenó su libertad tras el pago de una garantía de 10 millones de pesos; el exmandatario cumplirá arresto domiciliario con brazalete electrónico en un inmueble del Estado de México.
La salida del penal se concretó después de la Fiscalía General de la República no presentara elementos suficientes para acreditar la responsabilidad penal de Borge en el delito de delincuencia organizada. De haber sido declarado culpable, enfrentaba una condena de entre 20 y 40 años de prisión.
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Mantiene el proceso por lavado de dinero
Borge continúa sujeto a la causa penal 381/2017, radicada en el Centro de Justicia Penal Federal de Nezahualcóyotl, Estado de México, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Desde septiembre de 2023 ya contaba con el beneficio de prisión domiciliaria en ese expediente, medida que con la absolución pudo hacerse efectiva.
Las condiciones impuestas incluyen vigilancia electrónica permanente mediante brazalete, restricciones de movilidad y disponibilidad para cualquier requerimiento del juzgado.
El procedimiento registró algunos retrasos por recursos promovidos por magistrados que solicitaron excusarse de conocer el caso, según reportes del medio Quintana Roo Hoy. Con la instalación del dispositivo electrónico quedó concluido el trámite para autorizar su salida, la cual se realizó la madrugada del pasado 26 de junio.
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Los procesos del fuero común que enfrentó Borge —peculado, aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública— ya no tienen procedimientos activos. En diciembre de 2023 obtuvo un amparo contra el proceso por haber entregado indebidamente cinco concesiones de transporte de carros de golf en Isla Mujeres.
Borge habría vendido predios estatales a familiares y prestanombres por debajo de su valor
La acusación por lavado de dinero se sustenta en la presunta venta irregular de entre 22 y 25 inmuebles de la reserva territorial de Quintana Roo durante su administración, de 2011 a 2016.
Los terrenos —ubicados en Cancún, Cozumel, Tulum, Playa del Carmen, Bacalar y Chetumal— fueron adquiridos por 238 millones 790 mil 121.98 pesos, cuando su valor real ascendía a mil 138 millones 889 mil 540 pesos.
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El quebranto al erario de Quintana Roo se calculó en más de 900 millones de pesos.
Las operaciones presuntamente se realizaron a través de empresas fantasma: Estemar del Caribe, Ruta Náutica, Caracol 65, Impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe, y Siyenat del Caribe. En al menos tres predios se ocultó totalmente la información del proceso de compra-venta y no se notificó a las dependencias estatales.
Entre los señalados como parte del entramado figuró César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia Borge y representante legal de Impulsora Marítima de Quintana Roo. Fue detenido el 14 de julio de 2017 y vinculado a proceso, aunque desde 2020 enfrenta el juicio en libertad.
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Claudia Romanillos Villanueva, directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE) durante el gobierno de Borge, también fue señalada como parte del esquema criminal.
Detenido en Panamá en 2017, Borge acumuló ocho años en el CEFEREPSI de Morelos
El expriísta fue detenido el 4 de junio de 2017 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Francia. Fue extraditado a México el 4 de enero de 2018 y trasladado al CEFEREPSI de Ayala, Morelos.
Antes de ocupar la gubernatura —cargo que ejerció del 5 de abril de 2011 al 24 de septiembre de 2016—, Borge acumuló cargos dentro del gobierno estatal: fue secretario particular del gobernador, tesorero y oficial mayor.
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También fue diputado federal por el Distrito 1 de Playa del Carmen durante la LXI Legislatura, de 2009 a 2012, y presidió el CDE del PRI en Quintana Roo entre 2008 y 2009.
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