Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, bajo investigación por simulación de secuestro: juez definirá alcance de su responsabilidad

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo audiencia de formulación de imputación contra la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, por su presunta participación en la simulación de un secuestro ocurrido el 31 de mayo de 2026, dentro de una investigación en la que también se señala a otras cinco personas.

De acuerdo con la autoridad ministerial, el caso se sostiene en entrevistas, análisis de videograbaciones y seguimiento de comunicaciones telefónicas, con los que se plantea que el hecho denunciado no ocurrió como fue reportado inicialmente, sino que habría sido un montaje para simular un secuestro y exigir 40 millones de pesos.

En ese contexto, la Fiscalía sostiene que la funcionaria habría participado en la organización del esquema junto con otros implicados. Sin embargo, será un juez de control quien determine si esa participación se acredita y qué nivel de responsabilidad se le puede atribuir dentro del caso.

¿Puede alcanzar prisión? Esto depende de cómo se clasifiquen los hechos

El punto clave del caso está en cómo se encuadra jurídicamente la conducta. La Fiscalía citó la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que establece dos escenarios relevantes:

• Artículo 13: contempla la simulación de secuestro cuando una persona finge ser víctima del delito. En ese supuesto, la sanción prevista es de hasta 700 jornadas de trabajo en favor de la comunidad, sin pena de prisión.
• Artículo 14: aplica cuando hay participación en la simulación del secuestro, organización del hecho o intervención en la exigencia de recursos. En este caso, las penas pueden alcanzar hasta 16 años de prisión.

Adicionalmente, algunos de los señalados enfrentan imputaciones por extorsión —Karla Valeria N y Víctor Manuel N—, delito que, de acuerdo con la legislación aplicable, puede alcanzar hasta 25 años de prisión, dependiendo de la modalidad y agravantes que se acrediten.

La diferencia no es menor: si el juez concluye que la alcaldesa sólo encuadra en el supuesto de simulación como víctima, no habría cárcel como pena final. Pero si se acredita la versión ministerial de que participó en la planeación o ejecución del montaje, el caso podría escalar a un delito con sanción de prisión.

Por eso, aunque hoy no existe una condena ni una determinación final, sí está abierta la posibilidad de pena de cárcel, dependiendo de cómo se acredite su participación.

La audiencia del 9 de julio: el primer filtro judicial

La audiencia de imputación marcará el inicio formal de la etapa judicial. Ahí, la Fiscalía expondrá los hechos y las pruebas iniciales, mientras la defensa podrá responder a las acusaciones. El juez no dicta sentencia en este momento, pero sí decide si el caso avanza a proceso penal.

Además, en esa misma audiencia se pueden imponer medidas cautelares. Estas van desde firma periódica hasta, en casos más graves, prisión preventiva mientras dura el proceso.

La prisión preventiva tampoco es una condena: es una medida temporal para asegurar que el imputado no evada la justicia o interfiera con la investigación.

Investigación paralela por recursos públicos

De forma independiente, la Fiscalía informó que dio vista a la Fiscalía de Combate a la Corrupción y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) por una posible afectación de 40 millones de pesos al erario municipal.

Esta línea de investigación se mantiene abierta y podría derivar en nuevos delitos si se comprueba un mal uso de recursos públicos.