Claudia Sheinbaum promete revisar casos de mujeres presas por abortar en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que su gobierno revisará los casos de mujeres que permanecen encarceladas por abortar, a pesar de que en gran parte del país esta práctica ya ha sido despenalizada.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria fue cuestionada sobre la posibilidad de emitir un decreto para excarcelar a todas las mujeres procesadas por lo que es considerado como delito en algunos lugares. En respuesta, explicó que se trata de un tema que, en su mayoría, corresponde a las legislaciones estatales, aunque no descartó explorar alternativas desde el ámbito federal.

“Hay casos en algunos estados donde está despenalizado y en otros no. Más allá de estar de acuerdo o no con la despenalización, el problema es si una mujer tiene que estar encarcelada por esa razón”, señaló.

Sheinbaum indicó que este asunto ya ha sido conversado con Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de analizar posibles mecanismos legales para atender estos casos.

Actualmente, 25 entidades del país han avanzado en la despenalización del aborto desde 2007; sin embargo, siete estados aún contemplan sanciones contra las mujeres que interrumpen su embarazo o contra las personas que auxilien en el procedimiento de aborto, lo que ha derivado en que algunas personas sean privadas de su libertad.

Sin embargo, fiscalías estatales abrieron 7 mil 511 carpetas de investigación por el delito de aborto en un período de tiempo entre el 2015 y agosto de 2025, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública citadas por La Cadera de Eva.

“Vamos a trabajarlo”, concluyó la jefa del Ejecutivo, al reiterar su intención de revisar la situación de estas mujeres y buscar posibles soluciones dentro del marco legal vigente.

La penalización del aborto vulnera derechos reproductivos de las mujeres

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) señala en su informe Maternidad o castigo. La criminalización del aborto en México (2018) indica que, mientras el aborto no sea eliminado de los códigos penales y sea un tema “exclusivo de regulaciones y de políticas públicas sanitarias”, seguirá en riesgo la salud física, emocional y psicológica de las mujeres y otras personas gestantes.

Pese a que en el 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional castigar la interrupción de un embarazo, estados como Guanajuato, tras cuatro años de este dictamen, se reúsan a modificar su Código Penal.

Por lo que la SCJN, el pasado mes de febrero, admitió a trámite la Declaratoria General de Inconstitucionalidad contra los artículos del Código Penal estatal que criminalizan el aborto.

Amnistía Internacional advierte que el Congreso de Guanajuato archivó en diciembre de 2025 las iniciativas para despenalizar el aborto, reformar la Constitución local y reconocer la autonomía reproductiva, incumpliendo con sus obligaciones constitucionales.

La organización subrayó que el Congreso tiene 90 días a partir del 15 de febrero para reformar la ley. De no hacerlo, la SCJN podría ordenar la despenalización del aborto en las entidades que aún lo castigan.