El gasto del Senado de la República en insumos de cafetería y bebidas ha quedado bajo escrutinio tras revelarse que la empresa Café 1810, S.A. de C.V. facturó más de 15.3 millones de pesos mediante contratos en los que se registraron sobreprecios de hasta 60 por ciento en productos de consumo cotidiano.
De acuerdo con auditorías de gasto y documentos oficiales, la compañía —representada legalmente por Agustín Fernando Rebolledo Cubas— ha consolidado un modelo de proveeduría basado en la venta de café, refrescos, agua embotellada y otros insumos básicos al sector público, con precios superiores a los del mercado minorista.
Contratos del Senado evidencian precios inflados
El esquema de facturación quedó documentado en el contrato abierto ADQ/DGRMSG/010/02/2023, avalado por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales del Senado. En este instrumento, Café 1810 estableció precios de referencia que superan significativamente los valores comerciales habituales.
Las facturas —emitidas antes del Impuesto al Valor Agregado (IVA)— incluyen artículos de supermercado con costos elevados. Por ejemplo, el Senado pagó 364.50 pesos por paquetes de 12 latas de refresco, 134.55 pesos por un frasco de 500 mililitros de miel de abeja y hasta 584.22 pesos por nuez de la India de marcas comerciales.
Estos montos reflejan incrementos que, según los registros, alcanzan hasta 60 por ciento por encima del precio promedio en el mercado. La documentación revisada muestra que los productos fueron adquiridos bajo condiciones que los posicionan como bienes de alto costo, pese a tratarse de artículos de consumo general.
Un proveedor que trasciende administraciones
La presencia de Café 1810 como proveedor gubernamental no es reciente. Registros oficiales indican que la empresa ya operaba con dependencias federales desde el sexenio de Enrique Peña Nieto. El 31 de mayo de 2016, firmó el Pedido Gubernamental No. 016/2016 con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Lejos de disminuir tras los cambios políticos, la empresa amplió su alcance en la administración pública. En 2024, obtuvo un contrato por adjudicación directa con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), organismo adscrito a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Esta continuidad sugiere la consolidación de un esquema de proveeduría que ha logrado mantenerse vigente a través de distintas administraciones federales, diversificando su presencia en distintas dependencias.
Exigen transparencia sobre beneficiarios finales
El crecimiento de la empresa también ha generado cuestionamientos en materia de transparencia. El 16 de julio de 2024, el INEA emitió el oficio UAF/SRMS/DA/550/2024 en el que solicitó a Café 1810 revelar la identidad de sus “beneficiarios finales”, es decir, las personas físicas que realmente se benefician de los recursos públicos canalizados a través de la empresa.
Este tipo de requerimientos forma parte de los mecanismos de control para evitar conflictos de interés, prácticas de corrupción o el uso de estructuras corporativas para ocultar a los verdaderos dueños.
Hasta el momento, no existe registro público de que la empresa haya respondido a dicha solicitud. La falta de información mantiene en opacidad la estructura de propiedad de una compañía que ha recibido millones de pesos del erario.
Compras públicas bajo la lupa
El caso de Café 1810 se suma a los cuestionamientos recurrentes sobre los procesos de adquisición en el sector público, particularmente en lo que respecta a contratos abiertos y adjudicaciones directas.
Especialistas en transparencia han señalado que este tipo de esquemas puede derivar en sobrecostos si no existe una supervisión efectiva de precios de mercado. En este contexto, los contratos del Senado evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, evaluación y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos.
Mientras tanto, los documentos oficiales continúan mostrando una constante: productos básicos adquiridos a precios elevados, contratos vigentes en distintas dependencias y una empresa que, pese a su expansión institucional, mantiene sin aclarar quiénes son los beneficiarios reales detrás de sus operaciones.
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