El Congreso de Querétaro recibió dos propuestas para sancionar a los deudores alimenticios que huyan al extranjero. Con estas reformas, las penas podrán incrementarse hasta en un 50 por ciento para quienes intenten evadir sus obligaciones huyendo del país.
Además, en los casos donde no se conozca el paradero del deudor, se contempla la activación de protocolos especiales para su localización y posterior cumplimiento de la obligación alimentaria.
Las propuestas, enviadas por el diputado Enrique Correa, buscan garantizar que ningún deudor alimenticio logre sustraerse de sus responsabilidades legales, asegurando la protección de los derechos de las personas beneficiarias.
La iniciativa responde a una necesidad planteada por Ángela Ramírez, ciudadana que enfrenta un caso de incumplimiento de pensión alimenticia, quien estuvo presente durante la presentación de la propuesta en el recinto legislativo.
Con estas medidas, se pretende cerrar espacios a la impunidad y reforzar los mecanismos de garantía alimentaria en la entidad.
Primera reforma: aumentar la sanción
Actualmente, el artículo 211 del Código Penal de Querétaro estipula que si el deudor alimenticio se declara en una situación de insolvencia económica solo para evadir pagar su pensión alimenticia, entonces su pena aumentará en una mitad más.
Lo que busca esta propuesta de iniciativa es reformar ese artículo para que se incluya que, en caso de que el deudor se mude al extranjera para no cumplir su sentencia, igualmente se le aumente en una mitad.
También se propone sanciones para quienes ayuden al deudor a ocultarse —similar a lo que sanciona la Ley Monse actualmente—, o a evadir de cualquier manera su responsabilidad.
Segunda propuesta: buscar al deudor en el extranjero
Otra de las reformas más relevantes que plantea esta iniciativa, es la de activar mecanismos legales nacionales e internacionales para buscar al deudor alimenticio que se encuentre en el extranjero.
Para ello, se busca reformar el Código Civil del Estado, para permitir que los jueces dicten medidas preventivas cuando exista el riesgo de que el deudor alimenticio salga del país para evitar sus responsabilidades.
De acuerdo a lo explicado por el legislador, entre estas medidas se encuentran exigir garantías adicionales, solicitar el depósito anticipado de pensiones, constituir fideicomisos para asegurar el pago o incluso asegurar bienes de manera precautoria.
Además, se propone que cuando el deudor alimenticio esté en el extranjero y no se sepa su paradero, se puedan activar mecanismos legales nacionales e internacionales para buscarlo en el extranjero.
El objetivo es, de acuerdo al diputado, “garantizar el cumplimiento de la obligación alimentaria” y “cerrar vacíos legales que permiten a algunos deudores evadir sus responsabilidades familiares aprovechando la movilidad internacional”.
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