Acusan en EEUU a miembros del Cártel de Sinaloa de usar a menores de 15 años como sicarios para intentar asesinar a hombre

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de California informó este 12 de febrero que un gran jurado federal acusó formalmente a Poly Antunez, Antonio Quinones y Jovanny Enriquez, presuntos asociados del Cártel de Sinaloa, por su presunta participación en un complot para asesinar a un individuo en Chula Vista, California. Los fiscales señalaron que el plan incluía utilizar a dos adolescentes de apenas 15 años como ejecutores del homicidio.

Según los documentos judiciales presentados, los tres adultos enfrentan una serie de cargos federales que incluyen conspiración para cometer asesinato en apoyo de una empresa de delincuencia organizada, intento de asesinato en apoyo de empresa de delincuencia organizada, agresión con arma peligrosa en apoyo de empresa de delincuencia organizada, conspiración para asesinato por encargo, así como uso de medios de comunicación interestatales para cometer asesinato por encargo.

Antunez ya estaba bajo custodia por otro caso federal en San Diego al momento del anuncio, mientras que Quinones y Enriquez fueron detenidos por agentes del FBI y comparecieron ante una corte federal en San Diego.

Crimen, menores y estrategia criminal

De acuerdo con el memorándum de detención, los acusados adultos habrían coordinado todos los aspectos del complot: desde el alojamiento de los adolescentes en una vivienda tipo Airbnb en La Mesa, hasta la vigilancia de la víctima y su familia en zonas como San Ysidro y Chula Vista. Se les acusa de fungir como enlace entre los jóvenes sicarios, el Cártel de Sinaloa y la Mafia Mexicana —una pandilla con presencia en el sur de California— para ejecutar los dos intentos de homicidio registrados en marzo de 2024.

Los adolescentes implicados, Andrew Nunez y Johncarlo Quintero, ambos integrantes de la pandilla Westside Wilmas, se declararon culpables en diciembre pasado de cargos de asesinato y tentativa de asesinato en el ámbito federal tras admitir que actuaron como sicarios contratados para el cártel. Se reconoce en el expediente que realizaron dos ataques en un intervalo de cinco horas contra la misma víctima, hiriéndola primero en un estacionamiento y posteriormente atacando otra ubicación residencial.

Las autoridades federales detallaron que el origen del caso se enmarca en una disputa entre organizaciones criminales en Tijuana, Baja California, donde presuntos robos de cargamentos de drogas desencadenaron una serie de represalias violentas. La víctima principal de este complot habría sido ubicada primero en México por estos conflictos y luego en territorio estadounidense.

El caso, registrado bajo el número 26cr0402-TWR en una corte federal de San Diego, expone que los delitos imputados —si se acredita su culpabilidad— conllevan decenas de años de cárcel por cada cargo, incluidos potenciales 20 años de prisión por conspiración para asesinato por encargo y uso de medios interestatales para planearlo.

Las investigaciones son parte de la iniciativa Homeland Security Task Force, que identifica y procesa casos de crimen organizado transnacional, con especial atención a delitos que involucran a menores de edad y violencia armada.