Colectivo de mujeres acusa que avances en leyes laborales en México no garantizan igualdad sustantiva

La RMS acusó que la reducción de la jornada laboral y el aumento al salario mínimo deben tener perspectiva de género

Guardar
La jornada del 18 de
La jornada del 18 de septiembre busca visibilizar la brecha de ingresos entre géneros, promoviendo acciones y compromisos de gobiernos, empresas y sociedad civil para reducir la desigualdad en el ámbito laboral (Andina)

La Red de Mujeres Sindicalistas reconoció que el gobierno de México ha tenido avances importantes en materia de derechos laborales, entre ellos, la iniciativa para reducir gradualmente la jornada laboral a 40 horas y el incremento al salario mínimo; sin embargo, acusaron que éstas siguen sin garantizar la igualdad sustantiva.

En un comunicado, el colectivo recalcó que ambas políticas “representan un cambio sustancial” para los trabajadores, pero aseguraron que no hay un mayor beneficio para las mujeres si no se acompañan con medidas que promuevan la perspectiva de género, tengan un enfoque de cuidados, interseccionalidad y fortalezcan la negociación colectiva y la libertad sindical.

Mencionaron que a esto se suma que el impacto de los incrementos del salario mínimo no permite un impacto homologado entre ambos géneros, además de que las mujeres son quienes principalmente trabajan en la informalidad.

“Mientras no se diseñen estrategias reales de formalización del empleo, estos derechos seguirán siendo incompletos y desiguales”, señaló la organización.

Respecto a la jornada de las 40 horas, destacaron que el implementar la medida de forma gradual a lo largo del sexenio podría “perpetuar la sobrecarga laboral vigente, especialmente para las mujeres que sostienen jornadas dobles y triples”.

“Además, abre riesgos de simulación patronal mediante aumento de cargas de trabajo y abuso de horas extraordinarias”, abundó.

El colectivo agregó que la reducción de jornada también “puede traducirse en despidos injustificados bajo los argumentos del impacto en las ganancias de las empresas”.

En tanto el salario mínimo “puede convertirse en un techo salarial en lugar de un piso; además, podría profundizarse el aplanamiento de tabuladores”, afectando principalmente a mujeres en puestos técnicos y administrativos.

Insistió en que “no puede hablarse de reducción de jornada ni de suficiencia salarial sin servicios de cuidados", exhortando a que se establezca la corresponsabilidad social y patronal en licencias y condiciones de trabajo, así como infraestructura para la infancia, personas mayores y dependientes.

“Sin un Sistema Nacional de Cuidados con presupuesto suficiente, con un enfoque laboral, la reducción de jornada no significará una recuperación efectiva del descanso y una real perspectiva de vida con derechos plenos para las mujeres”, comentó.

¿Qué proponen?

La organización señaló que consideran necesario que ambas reformas estén acompañadas de:

  • Perspectiva de género obligatoria en su reglamentación e implementación.
  • Inspección laboral fortalecida con perspectiva de género, y enfoque de derechos humanos y una efectiva participación sindical.
  • Regulación estricta de las horas extraordinarias para evitar abusos.
  • Protección contra despidos derivados de la reducción de jornada.
  • Articulación real con el Sistema Nacional de Cuidados.
  • Formalización del empleo informal como política prioritaria.
  • Participación efectiva de las mujeres sindicalistas en la implementación.
  • Medición diferenciada por sexo, sector y territorio del impacto salarial articulado con prácticas discriminatorias y de violencia.
  • Vinculación entre reducción de jornada, salario mínimo, negociación colectiva y libertad sindical como una sola política integral de justicia laboral.

Finalmente, hicieron un llamado a que ambas reformas erradiquen:

  • La invisibilidad del trabajo de cuidados sin reconocimiento social.
  • Reducción de la informalidad y el trabajo digno con plenos derechos para las mujeres
  • Disminuir las prácticas de violencia, de discriminación y la precarización para que ya no estén presentes en los centros de trabajo.
  • Eliminar las políticas sindicales que excluyen la agenda de género en la negociación colectiva y la libertad sindical.