La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) intervino tras el derrame de aproximadamente mil 200 litros de ácido acético —sustancia corrosiva e irritante de uso industrial— en una zona agrícola del ejido Montemorelos, Durango.
El derrame afectó alrededor de 70 metros cuadrados con una profundidad de entre tres y cinco centímetros.
El material contaminante fue confinado y retirado de manera segura, luego que el Escuadrón de Atención a Emergencias Químicas de Protección Civil Municipal realizará mediciones de acides tanto en el suelo como en la sustancia vertida.
Los contenedores plásticos colapsados, origen del derrame, fueron traslados a una empresa autorizada por la Semarnat para el manejo de residuos peligrosos.
De acuerdo con la Procuraduría, hasta el momento, no se ha logrado identificar a los responsables del vertido ocurrido en un camino vecinal cercano a la carretera federal Durango-Zacatecas.
Las autoridades reafirman su compromiso con las investigaciones para dar con los responsables de este delito ambiental.
¿Qué es lo que pasó?
De acuerdo con la Profepa, gracias a un reporte de medios de comunicación, el área del derrame fue localizada y atendida por elementos de la procuraduría.
Meganoticias informó la semanada pasada acerca de una fuga de ácido acético de alta concentración en Montemorelos, donde, según el medio, el riesgo de contaminación masiva se incrementó debido a la posibilidad de que el ácido, con un pH de 2 y capacidad para provocar graves quemaduras, alcanzara fuentes de agua o se filtrara al suelo.
La intervención del Escuadrón Especializado Haz-Mat de la Dirección Municipal de Protección Civil de Durango, único en México con certificación internacional obtenida en Cartagena, Colombia, resultó decisiva para evitar daños mayores a la salud pública y al entorno natural, según informó Meganoticias.
¿Cuál es la sanción por derramar sustancias corrosivas en el suelo agrícola?
La legislación mexicana establece que el derrame de sustancias corrosivas en suelo agrícola constituye un delito ambiental, sancionado conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el Código Penal Federal.
Las sanciones pueden incluir multas económicas, reparación del daño y penas privativas de libertad.
Cuando la contaminación afecta gravemente el entorno, puede imponerse prisión de uno a nueve años, además de multas que varían según la magnitud del daño y la peligrosidad de la sustancia vertida.
El juez puede ordenar la restitución y saneamiento de la zona afectada, así como la inhabilitación de la persona responsable para actividades relacionadas con el manejo de materiales peligrosos.
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