Por tercera ocasión, un juez determinó la vinculación a proceso de Gerardo Vargas Landeros y ocho excolaboradores de su Gabinete Municipal en el municipio de Ahome, Sinaloa, bajo señalamientos de presunta corrupción relacionados con un contrato suscrito en diciembre de 2021.
Según la información presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Sinaloa bajo el número de caso 1478/2025, los exfuncionarios celebraron un acuerdo con la empresa Consultoría Humana Acsora S.A. de C.V. para la “recuperación” del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a participaciones federales del periodo 2015-2021.
En su informe, la Fiscalía detalló durante la audiencia que el gobierno municipal pagó 33.7 millones de pesos por los servicios del despacho, cifra que representó el 30% de los 96.8 millones de pesos recuperados.
Según el órgano acusador, la irregularidad se presentó en la gestión para recuperar ese monto donde se concluyó que podía haberse efectuado internamente a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y con apoyo estatal, sin requerir la contratación de servicios externos.
Además, se señaló que el pago superó los límites permitidos para adjudicaciones directas, lo que suponía la obligación de realizar una licitación pública.
De acuerdo con fuentes consultadas por Infobae México, los excolaboradores de Vargas Landeros fueron identificados como:
- Genaro “N”
- Cecilia “N”
- Antonio Humberto “N”
- Gerardo Iván “N”
- Héctor Adonai “N”
- Fausto Rubén “N”
- Judith Elena “N”
- Marysol “N”
Todos ellos considerados como responsables del delito de Desempeño Irregular de la Función Pública y por delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público.
Asimismo, las autoridades confirmaron a Infobae México que cada uno de los acusados tienen prohibido salir del país sin autorización a excepción de Antonio Humberto y Gerardo Iván.
Defensa legal desconocía la cantidad monetaria para actuar por medio del SAT
Por su parte, la defensa de Vargas Landeros sostuvo ante el juez que el contrato con Acsora no especificaba una cifra fija por los servicios y que la cuantía dependía del resultado de la recuperación del ISR.
Argumentaron que, al momento de firmar, desconocían si el monto final superaría el tope legal, y enfatizaron que la sesión del 7 de diciembre de 2021 en Cabildo aprobó la contratación por mayoría.
Los defensores también insistieron en la supuesta participación de Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, actual alcalde sustituto que denunció públicamente el caso.
Según medios locales, los abogados expusieron que Menéndez, que entonces era Regidor y miembro de la Comisión de Hacienda y de Gobernabilidad, figuró como invitado en el acta de la sesión en que se aprobó el contrato. No obstante, representantes de la Fiscalía aclararon ante el juez que Menéndez no formaba parte del Comité de Adquisiciones y, por ese motivo, “no tenía voz ni voto sobre la decisión”.
Durante la audiencia, que según Noroeste se extendió de las 9:33 a las 16:29 horas, se presentaron 38 pruebas, incluidas facturas y entrevistas sobre el proceso de contratación. Asimismo, el juez Carlos Alberto Herrera subrayó la existencia de elementos suficientes para investigar delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública, por lo que resolvió imponer medidas cautelares: los imputados no podrán salir del país y deberán firmar mensualmente ante la UMECA.
Hay otra carpeta de investigación por presunta renta irregular de autos patrulla
La petición de la Fiscalía de una medida restrictiva que prohibiera a los exfuncionarios acercarse a empleados del Ayuntamiento fue desestimada por el juez. También se concedió un plazo de seis meses para la investigación complementaria, considerando la intención ministerial de recabar más información, incluso de otros estados.
A la par, los antecedentes de varios de los imputados incluyen otra investigación relacionada con la presunta renta irregular de 126 patrullas por 171 millones de pesos.
En lo que concierne a Gerardo Vargas Landeros, se trata de la tercera vez que es vinculado a proceso, incluyendo dos acusaciones por ejercicio indebido del servicio público y una por abuso de autoridad. El Ministerio Público enfatizó en audiencia, según datos recogidos, que el expresidente municipal pudo evitar la aprobación del contrato, advirtiendo que la autorización provocó “una afectación al erario”.
La sesión, realizada este miércoles en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Centro en Culiacán, cerró con la decisión del juez de continuar con el proceso investigativo.
La investigación gira en torno al contrato firmado el 7 de diciembre de 2021, cuyo objetivo fue la asesoría e identificación de participaciones federales susceptibles de recuperación. Finalmente, la Fiscalía puntualizó que no correspondía contratar un despacho externo para dicha tarea, pues, según sus declaraciones, “pudieron haberlo hecho los propios trabajadores de la comuna”.
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