Pobladores de Apaxtla, Guerrero, acusan abusos de autoridad del Ejército y Guardia Nacional

La mañana del lunes 9 de septiembre de 2025, Apaxtla, en el estado de Guerrero, fue escenario de una protesta encabezada por habitantes y comisarios de tres comunidades, quienes se congregaron frente al Palacio Municipal para exigir el cese de presuntos abusos y hostigamiento por parte de efectivos del Ejército y la Guardia Nacional.

De acuerdo con los primeros reportes, la manifestación, que reunió a cerca de 60 personas, incluyó a transportistas y autoridades comunales de Tepoxtepec, Tlatzala y Cacalotepec, y culminó con una advertencia, si las prácticas denunciadas no terminan, los pobladores tomarán medidas más drásticas.

La concentración comenzó alrededor de las 9:00 en el arco de bienvenida a la cabecera municipal de Apaxtla. Según información recabada por El Sur de Acapulco, los manifestantes, entre ellos los comisarios de las tres comunidades y transportistas de la ruta Apaxtla-Teloloapan, se dirigieron al exterior del Palacio Municipal, aunque en ningún momento ingresaron al edificio ni bloquearon sus accesos.

Protesta en Apaxtla podría estar vinculada a crimen organizado

En un primer momento, se mencionó la posibilidad de que la protesta incluyera el cierre de la carretera estatal a Teloloapan, aunque finalmente esto no ocurrió.

El motivo central de la movilización fue la denuncia de presuntos abusos y hostigamiento por parte de las fuerzas federales durante los recorridos y retenes de revisión en las comunidades.

Los pobladores exigieron el cese inmediato de estas prácticas y manifestaron su rechazo a la instalación de retenes, argumentando que afectan su vida cotidiana y generan un clima de tensión en la región.

Las comunidades involucradas, Tepoxtepec y Tlatzala —colindantes con Cuetzala del Progreso— y Cacalotepec —limítrofe con Heliodoro Castillo (Tlacotepec)—, se ubican en una zona donde la presencia de fuerzas armadas y operativos de seguridad es constante.

Durante la jornada, una comisión de diez personas, integrada por los comisarios y otros representantes, sostuvo una reunión con el alcalde Juan Salgado Santana y un mando del Ejército.

De acuerdo con lo informado dicho medio, en ese encuentro se alcanzó un acuerdo: las autoridades municipales y militares se comprometieron a revisar las denuncias y se estableció un plazo de una semana para que cesen los presuntos abusos y hostigamiento.

Los representantes de las comunidades advirtieron que, de persistir las mismas prácticas, procederán a tomar el Palacio Municipal y cerrar carreteras como medida de presión.

Una versión que trascendió durante la protesta indica que algunos comisarios, transportistas y pobladores habrían sido obligados a participar en la manifestación bajo amenazas de integrantes del grupo delictivo La Familia Michoacana, organización que opera en la región.

Esta versión, que no ha sido confirmada oficialmente, sugiere que la protesta podría haber respondido a presiones externas vinculadas al crimen organizado, lo que refleja la tensión existente entre la población, las autoridades y los grupos delictivos en la zona.

Hasta ahora, ni el Ayuntamiento ni el alcalde Juan Salgado Santana han emitido pronunciamiento sobre los hechos.

En 2015 otro municipio de Guerrero, encabezados por comisarios y delegados de Ayutla, se movilizaron para exigir el retiro del Ejército de la localidad, al acusarlo de favorecer la presencia de la delincuencia organizada. La protesta incluyó un plantón que se mantuvo hasta que se cumplieran sus demandas.

Pasadas las 13:00 horas, el grupo salió del deportivo local, acompañado por estudiantes de Ayotzinapa, con el objetivo de entregar un documento al cuartel militar en el que solicitaban formalmente la salida de los efectivos.

A tres kilómetros del cuartel, el contingente fue detenido por militares y policías estatales que bloquearon su paso. Mujeres de la comunidad se colocaron en la ruta para impedir que más elementos federales intentaran encapsular a los manifestantes, y llamaron a los pobladores a apoyar la movilización.

Los comisarios plantearon al pueblo dos alternativas: entregar el documento al comandante de la 27 Zona Militar o retirarse y establecer una mesa de diálogo. La mayoría optó por permanecer en el lugar hasta conseguir el retiro del Ejército. Sin embargo, cuando Vidulfo Rosales intentó entregar el escrito, se le informó que el comandante no tenía autoridad para recibirlo.