La defensa legal de Rafael Caro Quintero, exlíder del extinto Cártel de Guadalajara y uno de los narcotraficantes más conocidos de México, denunció ante una Corte Federal de Nueva York que su cliente está siendo sometido a un régimen de incomunicación y aislamiento extremo, similar al que se aplica a terroristas, a pesar de no haber sido condenado.
En una moción revelada por el periodista mexicano Arturo Ángel, el abogado Mark DeMarco, en representación del equipo defensor asignado por la Corte, pidió al juez Frederic Block modificar las condiciones de detención del capo mexicano, argumentando que estas impiden una defensa adecuada y representan un riesgo para la salud física y mental.
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Desde su extradición a Estados Unidos en febrero de 2025, Caro Quintero, de 72 años, permanece en la Metropolitan Detention Center de Brooklyn bajo las Medidas Especiales Administrativas (SAMs, por sus siglas en inglés), un régimen diseñado para internos de alto riesgo, principalmente terroristas.
Según sus abogados, el fundador del Cártel de Guadalajara pasa 23 horas al día confinado en una celda sin ventanas y con la luz encendida todo el tiempo. Los fines de semana, permanece encerrado las 24 horas, sin acceso a ejercicio ni a contacto físico con sus familiares. También apuntaron que solo ha tenido una o dos llamadas breves y monitoreadas con su familia en México, y no se le permite enviar ni recibir mensajes a través de sus abogados.
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Caro Quintero encerrado como un terrorista sin un juicio que lo califique como tal
Además, la defensa advierte que Caro Quintero solo habla español y la mayoría del personal penitenciario no entiende el idioma, lo que dificulta aún más su comunicación cotidiana. Aunque solo en teoría podría tener acceso a una televisión, no le ha sido proporcionada. Solo cuenta con un radio, que casi no usa por la barrera del idioma.
En el documento, los abogados argumentan que las restricciones impuestas no tienen justificación legal o fática, ya que el gobierno estadounidense no ha presentado pruebas de que su cliente haya intentado planear actos violentos o de fuga desde su arresto. Tampoco existen incidentes previos en prisión que lo califiquen como un reo peligroso.
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“El gobierno ha impuesto estas restricciones sin demostrar que el Sr. Quintero representa un riesgo real. Las medidas se basan en mitos y leyendas que lo han rodeado durante años, no en hechos comprobables”, señalaron los litigantes.
Ante esta situación, la defensa solicitó que el juez ordene el cese inmediato de las SAMs o convoque a una audiencia en la que se expongan los argumentos y pruebas que justifiquen (o no) su aplicación.
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Caro Quintero enfrenta en Estados Unidos un proceso judicial por su presunta participación en el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985. Desde su reaprehensión en 2022 y su posterior extradición en 2025, ha permanecido en espera de juicio.

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