Caso Israel Vallarta: violación estructural de derechos humanos, no accidente judicial, señala organización civil

El presidente y fundador de la organización civil Perteneces A.C., José Mario de la Garza, afirmó que el caso de Israel Vallarta representa un precedente emblemático de error judicial en México. A partir del criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Vallarta tiene la posibilidad legal de presentar una demanda contra el Estado por los daños ocasionados durante su encarcelamiento.

Según De la Garza, la Corte definió en el Amparo Directo en Revisión 35/2022 que toda persona que haya sido condenada sin pruebas suficientes y después absuelta, sin que se aporten evidencias nuevas, puede iniciar una demanda por error judicial. Este criterio establece responsabilidad objetiva del Estado, lo que implica que no es necesario demostrar dolo o negligencia del juez que emitió la sentencia.

La organización considera violación estructural e institucional a los derechos humanos

El precedente impone al Estado la obligación de realizar una reparación integral, la cual incluye medidas económicas, simbólicas e institucionales para compensar a quienes hayan sido afectados por condenas emitidas sin certeza jurídica plena y mediante una evaluación deficiente de las pruebas.

Respecto al caso específico de Israel Vallarta, De la Garza subrayó que su encarcelamiento de más de 20 años no puede considerarse un accidente judicial, sino una violación estructural e institucional a los derechos humanos. Explicó que su proceso judicial se sostuvo en tortura, pruebas fabricadas y montaje mediático, y que su posterior absolución se basó en la desestimación de pruebas ilegales, no en la aparición de elementos nuevos.

“El análisis jurídico de la sentencia muestra que no se probó su responsabilidad penal más allá de toda duda razonable”, puntualizó.

Con base en los lineamientos del criterio judicial vigente, José Mario de la Garza indicó que Vallarta está en condiciones de reclamar al Estado mexicano una compensación que abarque tanto los daños materiales como los morales sufridos durante su reclusión.

El caso de Israel Vallarta se suma así a una lista creciente de personas que podrían beneficiarse de este precedente jurídico de la SCJN, el cual refuerza los principios de debido proceso y garantías judiciales al eliminar el requisito de dolo para responsabilizar al Estado por fallas judiciales graves.

Finalmente, De la Garza consideró que este tipo de decisiones judiciales constituyen un avance relevante en materia de justicia y reparación del daño, pero también subrayan la necesidad de revisar a fondo las prácticas institucionales que permiten la fabricación de culpables, particularmente en casos de alto perfil mediático.