El presidente del PRI, Alejandro Moreno, presentó este miércoles una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, su hijo Andrés Manuel López Beltrán (conocido como “Andy”) y varios exfuncionarios y gobernadores de Morena, a quienes acusa de estar involucrados en una red criminal con vínculos al narcotráfico, huachicol y uso de recursos ilícitos en campañas electorales.
¿Qué incluye la denuncia?
La acusación, que también alcanza al senador Adán Augusto López; Mario Delgado, titular de la SEP; Manuel Bartlett, exdirector de la CFE; y al exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez, se centra en presuntos nexos con el crimen organizado (siendo este último personaje, ya buscado por autoridades mexicanas y cuenta con ficha roja de la Interpol).
Entre los delitos señalados están:
- Protección institucional a grupos criminales, específicamente al grupo La Barredora
- Participación en esquemas de procedencia ilícita en campañas electorales
- Participación en esquemas de huachicol fiscal y contrabando de combustibles vinculados al Tren Maya
- Nombramiento de funcionarios con antecedentes criminales
- Encubrimiento sistemático en estados gobernados por Morena
Según Moreno, estos delitos no son “dichos de la oposición”, sino que están sustentados en reportes de inteligencia, investigaciones abiertas y denuncias públicas documentadas en medios nacionales e internacionales.
¿Qué se sabe sobre el papel de “Andy” López Beltrán?
El hijo el expresidente, Andrés Manuel López Beltrán, es señalado como presunto líder de un “clan” que habría operado una red de cobros ilegales, desvíos de recursos y tráfico de combustible vinculado al proyecto del Tren Maya.
La denuncia sostiene que integrantes de La Barredora, grupo criminal encabezado por Hernán Bermúdez, planearon suministrar más de 200 mil litros de diésel al proyecto insignia del gobierno de López Obrador. El sobrino de Bermúdez, quien habría trabajado en Fonatur y recibido terrenos estratégicos, figura como vínculo directo entre el gobierno y el grupo criminal.
¿Por qué se señala también a Adán Augusto?
El PRI exige que el senador Adán Augusto López renuncie a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y se separe de su cargo para no entorpecer las investigaciones. Moreno argumentó que su permanencia en el Senado “desprestigia” a la institución, en un momento donde las acusaciones son graves y de alcance internacional.
“Hay quejas en el Parlamento Europeo. Hay reportes en medios de Estados Unidos, Europa y Asia. No puede esconderse en su cargo”, sentenció el líder del PRI.
¿Qué gobernantes están implicados?
Cinco mandatarios de Morena también fueron incluidos en la denuncia penal por supuestos vínculos con grupos delictivos y encubrimiento sistemático:
- Rubén Rocha (Sinaloa)
- Américo Villarreal (Tamaulipas)
- Layda Sansores (Campeche)
- Marina del Pilar Ávila (Baja California)
- Alfonso Durazo (Sonora)
El PRI asegura que estos gobernadores han favorecido a organizaciones criminales mediante nombramientos clave, omisión deliberada o protección directa.
¿Y qué tiene que ver España?
Paralelo a la denuncia, Alejandro Moreno también cuestionó el reciente traslado de varios miembros de la familia López Obrador a España, lo que calificó como un intento de “huida anticipada”.
Alito Moreno afirmó que Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente, ya obtuvo la ciudadanía española y reside en La Moraleja, una de las zonas más exclusivas de Madrid, junto a su hijo Jesús Ernesto, quien estudiará en la Universidad Complutense.
Además, los hermanos del exmandatario, Pío y Martín López Obrador, también iniciaron trámites para obtener la nacionalidad ibérica, apelando a su ascendencia española.
Las acusaciones se producen en un contexto donde, según el PRI, agencias de inteligencia estadounidenses y gobiernos extranjeros han puesto atención en el posible encubrimiento del crimen organizado durante el sexenio de López Obrador.
Moreno advirtió que esto “apenas empieza” y que México no puede convertirse en “refugio de redes criminales disfrazadas de gobierno”.
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Recordó que durante el ejercicio realizado en 2022 al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, existieron restricciones que impedían al propio mandatario referirse al proceso
