En México y la región, las redes criminales dedicadas a la trata de personas no solo explotan a sus víctimas con fines sexuales o laborales, sino también recurren a complejas estrategias de lavado de dinero para ocultar las ganancias ilícitas que obtienen.
Esta problemática fue el eje central del encuentro virtual "Reflexiones Regionales sobre la Trata de Personas y el Lavado de Dinero", en el que participaron más de 400 representantes del sector financiero y la sociedad civil de América Latina y el Caribe.
Organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México (UNODC), el evento buscó fortalecer la coordinación entre entidades financieras, organizaciones sociales y gobiernos para detectar flujos financieros vinculados a este delito, que tiene como principales víctimas a niñas, niños, adolescentes y mujeres en situación de vulnerabilidad.
“El sector financiero es clave para cortar los recursos que sostienen a las redes de trata. Si bloqueamos el dinero, debilitamos su capacidad de operación”, afirmó Berenice Gaytán Fuentes, directora general de 360Educa, al destacar la importancia de que las empresas actúen con responsabilidad al identificar operaciones sospechosas.
Comunidades vulnerables en la mira del crimen organizado
Según el Informe Mundial sobre Trata de Personas 2024 de UNODC, la pobreza sigue siendo uno de los principales factores de riesgo. En América Latina, las modalidades más comunes de explotación son la sexual y laboral, seguidas por el trabajo y la mendicidad forzados.
Las víctimas suelen ser reclutadas en comunidades marginadas y rurales, donde el acceso a la justicia y la protección institucional es limitado.
El documento también advierte sobre la forma en que estos crímenes están evolucionando: los tratantes utilizan depósitos bancarios, transferencias y compras de inmuebles como mecanismos para lavar dinero y legitimarlo dentro del sistema financiero.
Tipologías criminales y lavado de activos, un resultado lucrativo de la trata de personas
En el marco del proyecto Disrupción, una iniciativa de la UNODC apoyada por el Gobierno de Canadá, se desarrollaron mesas de trabajo con autoridades de Campeche, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro y Quintana Roo.
A partir de estos encuentros, se identificaron al menos 15 tipologías de lavado de dinero ligadas a la trata de personas y se detectaron patrones comunes con el uso de prestanombres, microdepósitos y adquisición de bienes de lujo sin sustento económico.
Luis Daniel Martínez, coordinador del proyecto, enfatizó que la coordinación regional es esencial para enfatizar esta amenaza transnacional. “Las redes operan cruzando fronteras, por eso necesitamos respuestas integradas entre países y sectores”, afirmó.
El reto: frenar el dinero sucio
El informe también subrayó que las instituciones financieras y las autoridades deben mejorar la detección temprana de operaciones sospechosas, mediante el uso de tecnología, análisis de riesgos y capacitación contante a su personal. Para ello, UNODC promueve la creación de Procedimientos de Operación Estandarizados (POE) y la adopción de estándares internacionales como los principios del Grupo Egmont.
Además de los riesgos financieros, los expertos alertaron sobre el impacto social de este delito. “Cada transacción encubre una historia de abuso, violencia y despojo”, dijo Adriana Oropeza, titular del Centro de Excelencia UNODC-INEGI.
Con estas acciones, la ONU busca no solo frenar el flujo económico del crimen organizado, sino también proteger a las poblaciones más afectadas, especialmente en contextos de pobreza, migración forzada y violencia estructural.
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