El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) expresó su preocupación ante las recientes reformas a la Ley General en Materia de Desapariciones aprobadas por la Cámara de Diputados de México.
Según la organización, estos cambios resultan “Insuficientes y no representan un avance sustantivo para atender la crisis más dolorosa que enfrenta el país”.
El organismo advierte que la nueva legislación no responde a las necesidades de las miles de familias que buscan a sus seres queridos y mantiene vigente la deuda del Estado mexicano con las víctimas.
Reforma a la Ley General sobre desaparición forzada y búsqueda de personas
La Cámara de Diputados dio luz verde a la reforma de la Ley General sobre desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el Senado.
La reforma tiene como objetivo mejorar los procesos para buscar, localizar e identificar a personas desaparecidas mediante la integración de bases de datos tanto públicas como privadas.
También establece la creación de una Alerta Nacional de Búsqueda, que se activará de forma inmediata ante un reporte de desaparición, eliminando la espera de 27 horas.
Además, se establecerá una Base Nacional de Carpetas de Investigación actualizada en tiempo real y se requerirá analizar restos no identificados con pruebas dactiloscópicas y genéticas, registrándolos en el Banco Nacional de Datos Forenses.
Observaciones y preocupaciones del Centro Prodh sobre la reforma
Uno de los puntos que más inquieta al Centro Prodh es la introducción de la CURP biométrica como elemento central para alimentar la Plataforma Única de Identidad.
La organización señala que la reforma también elimina el reporte administrativo de desaparición, lo que representa un obstáculo para quienes no pueden presentar denuncias formales. En muchas regiones del país, dominadas por la macrocriminalidad, las familias temen represalias si acuden ante las autoridades.
Además, las personas migrantes enfrentan barreras adicionales para acceder a mecanismos de denuncia. Al centrar los esfuerzos únicamente en la Base Nacional de Carpetas de Investigación.
Otro aspecto que Centro Prodh considera problemático es la ausencia de medidas concretar para abordar el rezago forense. El texto de la reforma no menciona al Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), una institución cuya operación ha sido obstaculizada por las fiscalías que argumentan la falta de un marco legal adecuado.
La organización critica la premisa sobre la que se construyeron los cambios legislativos. A su juicio, la reforma forma parte de la idea equivocada de que la crisis de desapariciones se reduce a un problema de cifras y que puede resolverse mediante la interconexión de bases de datos:
“En lugar de impulsar acciones integrales para abordar la crisis forense y delinear una política Nal. como recomendó el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada”.
La forma en que se aprobó la reforma también ha generado críticas. El proceso se realizó vía fast track durante un periodo extraordinario de sesiones marcado por la premura y la falta de debate.
El Centro Prodh lamenta que, a diferencia de lo ocurrido en la discusión de la Ley de 2017, en esta ocasión se haya excluido a las familias de las personas desaparecidas del foro legislativo.
Comentó que, “Las reformas aprobadas no están a la altura necesaria para enfrentar la crisis de desapariciones y no dan respuesta a las miles de familias que buscan a un ser querido”.
La organización concluye que la deuda del Estado mexicano con las personas desaparecidas y sus familias continúa vigente.
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