El pasado mes de abril, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) activó el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Este mecanismo se reserva para situaciones en que existen indicios de que estas prácticas se presentan de manera sistemática o generalizada en un país, lo que permite al Comité intervenir y, en casos graves, llevar la situación ante la Asamblea General de la ONU a través de su Secretario General.
La activación de este el artículo implica la presunción de que, además de la posible intervención del crimen organizado, podrían existir responsabilidades por parte de autoridades municipales, estatales o federales en la comisión o encubrimiento de desapariciones forzadas.
De acuerdo con los lineamientos establecidos por la ONU, la medida se fundamenta en la existencia de “indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte”.
El Comité tomó la decisión de activar el procedimiento tras analizar diversas denuncias, informes y la información recogida en las visitas realizadas a México desde 2014, así como con base en respuestas oficiales y actividades de seguimiento. Sin adelantar conclusiones respecto al desenlace del proceso, el Comité expresó que continuará recabando datos e información adicional del Estado mexicano para determinar los siguientes pasos.
Respuesta del gobierno mexicano
La reacción del gobierno de México ante la decisión del Comité fue de rechazo. Mediante un comunicado conjunto emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (SG) el martes 24 de junio de 2025, las autoridades declararon que “México reitera su rechazo a que en nuestro país haya desapariciones forzadas sistemáticas y generalizadas por parte del Estado y cualquier señalamiento o insinuación en ese sentido es inaceptable”.
El gobierno sostuvo que mantiene un compromiso con el combate al delito de desaparición de personas. Además, puntualizó que, en la actual administración federal, “No se promueve, ni se tolera la desaparición forzada”.
En su declaración de abril, la SRE también rechazó que existan prácticas generalizadas de desaparición forzada por parte de autoridades del Estado. La cancillería aceptó revisar la solicitud del Comité y aseguró que compartiría información sobre acciones y programas implementados para atender este fenómeno a nivel nacional.
Con esta medida, México enfrentará un proceso internacional de revisión respecto al fenómeno de las desapariciones, mientras organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de personas víctimas de desapariciones forzadas mantienen la demanda de una mayor actuación estatal para la localización de víctimas y el esclarecimiento de los casos.
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