ONU-DH se pronunció en contra de la nueva Ley de Guardia Nacional y reformas que se discuten en el Senado

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) se pronunció en contra de la nueva Ley de Guardia Nacional y expresó su preocupación por las modificaciones a otras normativas como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, debatidas en días recientes en el Congreso de la Unión.

Mediante un comunicado en redes sociales; el organismo explica que la nueva ley otorgaría a la Guardia Nacional amplias facultades de investigación e inteligencia, pero sin los controles adecuados ni los mecanismos necesarios de rendición de cuentas, lo que podría poner en riesgo los derechos humanos.

De igual manera la oficina también advirtió sobre las atribuciones propuestas para el Ejército en el procesamiento de información de inteligencia, señalando que, sin salvaguardas idóneas, podrían vulnerar derechos como la privacidad, garantizados en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Asimismo Amnistía Internacional (AI) se pronunció en la misma línea, señalando que la reforma permitiría que integrantes de la GN se postulen y pidan licencia para ocupar cargos públicos, lo que podría derivar en un control político y en riesgos para la democracia.

AI también alertó sobre la facultad de la GN de manejar evidencia antes que las autoridades ministeriales, un hecho que, según la organización, aumentaría el riesgo de manipulación de pruebas, encubrimiento y posible impunidad en casos de violaciones cometidas por elementos militares.

Ambos organismos reiteraron que la seguridad pública debe ser responsabilidad de autoridades civiles, sujeta a controles democráticos y fundada en el pleno respeto a los derechos humanos. Por ello, solicitaron al Congreso revisar a profundidad estas reformas y su impacto en los derechos fundamentales.

Enfatizaron el papel de las autoridades civiles “reiteramos que la seguridad pública debe ser una responsabilidad de las autoridades civiles, estar sujeta a controles democráticos, ser objeto de una amplia deliberación pública y realizarse con pleno respeto y observancia de los Derechos Humanos”.

En este sentido, no solo han sido políticos de oposición al partido en el poder, sino organizaciones civiles como las madres buscadoras o colectivos en defensa de los derechos humanos, quienes señalan el peligro que ven en este tipo de reformas, en conjunto, así como la posibilidad de permitir más atropellos y un menor índice de acceso a la justicia, al otorgar más facultades a instituciones de seguridad que en el pasado han atravesado crisis de corrupción, abuso de poder, malas prácticas entre otras deficiencias.