
El proceso electoral extraordinario para seleccionar a quienes serán nuestros jueces, ministros y magistrados será una votación histórica para México, sin embargo no es la primera vez se realiza; otras naciones como Bolivia, Estados Unidos, Suiza o Guatemala también tienen procesos diferentes.
El modelo de gobierno y la participación ciudadana de cada país determinan también la independencia judicial, necesaria para la estabilidad del país, la certidumbre económica y el acceso a la justicia.
Se presume que la reforma al Poder Judicial en México buscaría que la población sea la que designe ahora a quienes ocuparán el cargo, reemplazando al modelo anterior donde el Presidente forma una terna de candidatos que se sometía a consideración de la Cámara de Senadores, y se nombraba -supuestamente- por favoritismo del presidente en turno.
Opiniones a favor de este nuevo método, esperan que la elección mediante el voto popular implique directamente la satisfacción de las necesidades del pueblo, la soberanía popular y el escrutinio público para decidir qué es lo mejor para la ciudadanía, la cual, en teoría, podrá pedir cuentas, quitar o poner a quien no funcione ni ejerza adecuadamente y que sea un agente de cambio que tenga injerencia en la toma de decisiones.
Independientemente de las razones para haber reformado al Poder Judicial, del número de mexicanos que salgan a votar el día de mañana o los retos que representa, sería conveniente revisar los resultados de otros países y evaluar si se logró el objetivo o si los modelos de elección alternativos representan más problemas.
De acuerdo con el estudio “Elección de autoridades jurisdiccionales: países seleccionados” publicado por la Dirección General de Investigación Estratégica del Senado mexicano (IBD), aunque existen varios países que llevan a cabo ejercicios similares, hay casos que preocupan más que otros, debido también al porcentaje o los cargos que son electos por popularidad.
Uno de ellos es Bolivia, donde la crítica radica en la unilateralidad del proceso, ya que para la elección solo interviene un organismo estatal en la preselección -un poco parecido a la insaculación que se realizó para seleccionar candidatos en México-.
En Estados Unidos la incertidumbre va sobre el origen de los recursos para las campañas, ya que puede haber financiamiento privado.
Incluso entre las naciones que optan por este sistema, lo hacen a su manera: en Bolivia se eligen a juezas y jueces nacionales; en Estados Unidos y Suiza se eligen juezas y jueces subnacionales; en Japón las y los jueces de la Corte Suprema se enfrentan a elecciones de retención.
Mientras que en Perú, Colombia, Venezuela y algunos municipios franceses se eligen juezas y jueces de paz o puestos equivalentes.
Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado que la estabilidad e inamovilidad en el cargo, un proceso de nombramiento idóneo y protección contra presiones o intereses externos forman parte de la independencia judicial.
Cabe mencionar que otra de las organizaciones internacionales que se ha posicionado en contra de este tipo de procesos es Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al advertir posibles violaciones a los derechos humanos e independencia judicial.
México optó por votar en todos los niveles del sistema judicial; mientras que en otros lugares se elige solo al titular, o solo a algunos miembros, aquí se busca un cambio radical en manos de la ciudadanía.
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