Cuando Benito Juárez decidió prohibir las corridas de toros

El 19 de junio de 1867 Maximiliano de Habsburgo junto con Tomás Mejía y Miguel Miramón fueron fusilados. Poco después, el 15 de julio, Benito Juárez realizó su entrada triunfal a la Ciudad de México, marcando así el final de la Segunda Intervención Francesa y el triunfo de la república.

El período que comprende del final de la Segunda Intervención Francesa (1867) al inicio del porfiriato (1876) se le conoce como “República restaurada”. En esta etapa el principal presidente fue Benito Juárez, quien buscó reorganizar al país y modernizarlo después de 5 años de intervención militar extranjera.

Durante la República Restaurada, el presidente Benito Juárez prohibió la tauromaquia en la Ciudad de México. El 28 de noviembre de 1867 el titular del ejecutivo publicó la Ley de Dotación del Fondo Municipal de México, en dicho reglamento había un apartado llamado “Diversiones públicas” y el articulo 87 decía lo siguiente:

“No se considerarán entre las diversiones públicas permitidas las corridas de toros, y por lo mismo, no se podrá dar licencia para ellas, ni por los ayuntamientos, ni por el gobernador del Distrito Federal en ningún lugar del mismo.”

El decreto no fue comentado por la prensa en los primeros días, ni por las autoridades locales en sus reuniones. El Congreso federal tampoco discutió el tema, principalmente porque estaba disuelto desde que Benito Juárez salió de la Ciudad de México por el avance francés el 31 mayo de 1863.La disposición fue sumamente criticada y diarios de la época hablaron eventualmente de capitalinos que pedían la restauración de las corridas de toros.

El 4 de diciembre, 5 días después de la publicación del decreto y con un contexto apropiado para desempeñar sus funciones, el Congreso reanudó sus actividades. Aunque tampoco se discutió el tema de inmediato, porque la disposición del presidente Benito Juárez se hizo mientras aún tenía las facultades extraordinarias, concedidas al iniciar la Intervención Francesa.

El 29 de enero de 1868 el diputado Jesús López leyó una propuesta para prohibir “perpetuamente en el suelo mexicano las corridas de toros”. Usó como argumento el decreto de Benito Juárez y, además, esgrimió que la tauromaquia era una “bárbara costumbre” y que era necesario combatirla para tener una “civilización perfecta”.

Además, el decreto de Benito Juárez tuvo consecuencias en otros estados de la república. En Puebla, Chihuahua, Jalisco, San Luis Potosí, Hidalgo y Coahuila se hicieron leyes con el fin de prohibir las corridas de toros, aunque su éxito fue menor y terminaron por ser derogadas poco tiempo después.

La prohibición duró hasta el 17 de diciembre de 1866 cuando el Congreso permitió la restauración de la fiesta brava para recaudar impuestos y pagar el desagüe de la Ciudad de México. Esta era una reclamación que le exigían los capitalinos al presidente Porfirio Díaz quien era, además, un gran aficionado a las corridas de toros.