Privatización de Islas en México: huecos legales que permitieron su venta

Un anuncio de internet oferta una isla ubicada en Baja California Sur por 115 millones de pesos en el sitio oficial de la empresa estadounidense de bienes raíces llamada Keller Williams. Aunque esto puede parecer algo extraño e incluso un caso más de noticia falsa, es una realidad en México.

La isla Cerralvo cuenta con una superficie de 11 mil 300 hectáreas y forma parte del conjunto de islas del pacífico, un área natural protegida nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2005.

Pese a la indignación que causó en la población, el anuncio de la venta de la isla Cerralvo es posible. Entre algunas de las razones que permitieron la privatización de esta área destacan la falta de restricciones, modificaciones a las leyes y la presencia de una familia que provocó un reacomodo estructural de la economía en Baja California Sur.

Reformas legales como antecedente

Los antecedentes históricos que permitieron que la situación llegara a esta controversia se originan en la Constitución de Cádiz (1812), ya que no restringía la propiedad a extranjeros y la protegía contra actos arbitrarios del rey.

Posteriormente, en la Constitución de 1824 el problema fue que no se impusieron limitaciones al derecho de propiedad de extranjeros y fue hasta 1836 que se introdujeron por primera vez restricciones en las se prohibía adquirir bienes raíces a menos de que se naturalizaran o contrajeran matrimonio con mexicanos.

En la Constitución de 1857 no figuraban limitaciones explícitas para la adquisición de bienes raíces por extranjeros, pero sí regulaba su obligación de someterse a las leyes y autoridades nacionales pero en 1917 se estableció que los extranjeros tenían prohibido adquirir propiedad en una franja de 100 kilómetros en fronteras y 50 kilómetros en las playas (zona prohibida, ahora llamada restringida).

Además, se exigía que los extranjeros renunciaran a la protección de sus gobiernos mediante un convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores (Cláusula Calvo) y en una legislación reglamentaria posterior, es decir, en la Ley Orgánica de 1926 se regulaban las adquisiciones involuntarias como herencias y se les daba un lapso de cinco años para transferir los bienes a alguien con capacidad legal para adquirirlos.

En la Ley de 1973 (Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera) se le permitió a los extranjeros usar bienes dentro de la zona restringida mediante fideicomisos para actividades industriales y turísticas pero el 6 de enero de 1992 Carlos Salinas de Gortari aprobó una reforma al artículo 27 de la Constitución con la que puso fin al reparto agrario, una de las conquistas más emblemáticas de la Revolución Mexicana.

Este cambio rompió el pacto social y suprimió el marco jurídico que protegía el ejido y otras formas de propiedad comunitaria de la tierra, lo que permitió la privatización de tierras ejidales, transformó a los ejidatarios en propietarios formales con la capacidad de vender, arrendar o asociar sus tierras con entidades privadas bajo ciertos límites.

En 2013 se discutió una iniciativa en la Cámara de Diputados para modificar el artículo 27 y permitir que extranjeros adquirieran directamente inmuebles para uso residencial en la zona restringida sin necesidad de fideicomiso. Esta medida, sin embargo, no ha sido aprobada por el Senado.

La familia Ruffo y su papel en Baja California Sur

De acuerdo con una investigación publicada en el sitio oficial de Posgrado del Colegio de la Frontera Norte, “muchas familias empresariales tuvieron problemas para mantenerse en la escena regional”, pero una en particular incidió en la reconfiguración de su contexto económico y político.

La familia Ruffo tiene una relación estrecha con Baja California Sur, específicamente con la ciudad de La Paz, desde que Antonio Ruffo se asentó en dicho lugar en 1832. La familia jugó un papel determinante en el desarrollo económico del puerto con actividades empresariales que abarcaron desde el comercio, hasta la pesca de perlas, transporte y posteriormente supermercados, así como bienes inmobiliarios.

Desde el siglo XIX estuvieron como parte de la élite local, en algunos momentos con ocupación de cargos públicos, relaciones con autoridades y matrimonios estratégicos con otras familias prominentes.

Los miembros destacados incluyen a Antonio Ruffo, pionero en actividades comerciales y Adán Ruffo Velarde, quien llegó a ser presidente municipal de La Paz en 1993 formando parte del Partido Acción Nacional (PAN).

Sin embargo, con la crisis económica de 1982 y la apertura comercial, la familia enfrentó múltiples desafíos, incluyendo el cierre de empresas como “La Perla de La Paz”. Su influencia decayó con el tiempo, caracterizándose por segmentación interna, pérdida de liderazgo empresarial y dificultad para competir con consorcios transnacionales pero durante la década de 1930, la familia estableció un rancho en la isla, lo que marcó el inicio de su administración privada.

El impacto de la privatización

Según el Sistema de Información Legislativa (SIL), la modificación del artículo 27 convirtió a tres millones de ejidatarios en propietarios formales y autorizó la venta, renta o adquisición de tierras ejidales por parte de sociedades con capital privado, aunque con límites de superficie.

Sin embargo, esta medida no trajo prosperidad al campo mexicano sino todo lo contrario, pues según el investigador José Luis Calva, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la reforma benefició principalmente a una minoría de grandes productores, corporaciones transnacionales y agroindustrias, mientras que los campesinos tradicionales quedaron excluidos.

Calva explicó que esta “modernización” del sector agrícola favoreció a los grandes jugadores del agro, quienes disponen de tecnología avanzada, capital y acceso a políticas públicas como subsidios y créditos.

Estos actores han impulsado la agroexportación de productos como soya, sorgo, café y caña de azúcar, mientras que los campesinos dedicados a los cultivos básicos, como el maíz, enfrentan precariedad social, reducción de áreas de producción y competencia desleal por la entrada masiva de productos importados. Este fenómeno ha contribuido al resurgimiento del latifundismo, una de las causas que motivaron la lucha campesina durante la Revolución Mexicana.

El SIL reportó que, desde la aprobación de la reforma, la superficie de ejidos y comunidades ha disminuido de 104 millones 944 mil hectáreas en 1992 a 99 millones 649 mil hectáreas en la actualidad, lo que representa el 50.7 % del territorio nacional.

Aunque sólo se han vendido 5 millones 294 mil hectáreas, principalmente en zonas de riego, turísticas y de expansión urbana, las mejores tierras han sido acaparadas por particulares mediante contratos de arrendamiento y estrategias legales e ilegales.

Además, la mayoría de los convenios de renta no se registran ante el Registro Agrario Nacional (RAN), lo que dificulta obtener datos precisos sobre la cantidad de hectáreas involucradas y las condiciones de los acuerdos.

El SIL también destacó el surgimiento de una nueva figura: el latifundio energético, que refleja cómo las reformas han favorecido a intereses privados en detrimento de las comunidades rurales. Este fenómeno, junto con el acaparamiento de tierras, ha agravado las condiciones de vida en zonas rurales y limitado la posibilidad de alcanzar autosuficiencia alimentaria y soberanía nacional.