Entre 2012 y 2024, se registraron 9 mil 629 agresiones contra mujeres que defienden la tierra, el territorio y los bienes naturales en Mesoamérica, incluyendo 35 asesinatos, según un informe de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), publicado el pasado 15 de abril.
Honduras concentra el 70% de los casos (6 mil 764), seguido por México con mil 291 agresiones (13.4%), El Salvador (12.7%) y Guatemala (12.3%). Sólo en México, de 2022 a 2024, se reportaron 860 ataques, en su mayoría contra mujeres que se oponen a proyectos extractivos o de infraestructura.
El informe identifica un repunte sostenido de la violencia con tres momentos clave: 2017 (tras el asesinato de Berta Cáceres), 2020 (durante la pandemia) y 2022, con el aumento de desalojos y militarización territorial.
“Los gobiernos se ampararon en la necesidad de salir de la crisis económica tras la pandemia, para ello incrementaron las concesiones mineras y dinamizaron otras industrias extractivas como los monoculivos”, subraya el informe.
Desde 2016, han sido asesinadas 22 defensoras, la mayoría en Honduras (9), México (6) y Guatemala (3). Las agresiones colectivas —aquellas dirigidas contra comunidades y organizaciones— pasaron del 46% en 2020 al 86% en 2024, con creciente uso de la fuerza y respaldo de autoridades.
El estudio subraya que muchas de estas defensoras son mujeres indígenas, afrodescendientes o garífunas, que habitan zonas rurales y han sido históricamente excluidas de la toma de decisiones sobre sus territorios.
Organismos como Global Witness ubican a México, Honduras, Guatemala y Nicaragua entre los 10 países más peligrosos del mundo para quienes defienden el medio ambiente. Además, Centroamérica concentró más del 80% de los conflictos socioambientales relacionados con la extracción de recursos entre 1990 y 2020.
Megaproyectos, causas importantes de agresiones en México
Por otro lado, de acuerdo con un informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), en 2023 se registraron 123 eventos de agresión, convirtiendo a ese año en el segundo más violento desde 2014. De los afectados, 20 defensores fueron asesinados y, al menos, 19 desaparecidos.
El 57.7 % de los ataques se dirigieron contra indígenas, destacando los pueblos nahua, maya y tzeltal. Michoacán, Guerrero y Oaxaca figuran entre los estados más peligrosos. Las principales causas de agresión incluyen proyectos mineros, el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, con participación de autoridades gubernamentales, crimen organizado y empresas privadas, de acuerdo con el reporte.
El informe denuncia la impunidad estructural y exige al Estado mexicano fortalecer la protección a defensores y garantizar entornos seguros. Según este reporte, México se mantiene entre los tres países más peligrosos para el activismo ambiental.
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