Tras la detención del presunto asesino del padre Marcelo Pérez Pérez en Chiapas, autoridades estatales mantienen operativos en el municipio de San Cristóbal de las Casas, con el objetivo de capturar a otros posibles implicados en la ejecución del sacerdote tzotzil.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas confirmó a Infobae México que elementos policiales colaboraron este martes 22 de octubre en la búsqueda de más personas que resulten culpables del homicidio ocurrido la mañana del domingo 20 de octubre en el barrio Cuxitali.
A través de redes sociales, el periodista Isaín Mandujano informó que los policías de la entidad ingresaron a los barrios y colonias ubicadas en la zona norte de San Cristóbal de las Casas para llevar a cabo el operativo. Al texto compartido por Mandujano a través de la plataforma X, lo acompañan cuatro videograbaciones captadas desde diferentes ángulos, donde, entre otras acciones, se aprecia a los efectivos realizando labores de patrullaje sobre las calles.
El día que ocurrió el asesinato la fiscalía estatal señaló que, a través de la Fiscalía de Asuntos Especiales y Distrito Altos se iniciaron “las investigaciones con apego a protocolo en contra de quien o quienes resulten responsables del delito de homicidio en agravio del padre Marcelo ‘N’”.
La tarde de este martes el mandatario estatal, Rutilio Escandón Cadenas, informó a través de su cuenta de X sobre la captura de un hombre identificado como Edgar “N”, señalado como presunto asesino del sacerdote Marcelo Pérez. Edgar “N” fue puesto ante las autoridades correspondientes para determinar su situación legal.
“Mi reconocimiento a las autoridades de Procuración de Justicia, quienes me han informado que ha sido detenido el autor material de la muerte del Padre Marcelo”, informó el gobernador.
¿Quién era Marcelo Pérez, sacerdote asesinado en San Cristóbal de las Casas?
Originario de una comunidad indígena tzotzil, el padre Marcelo, además de párroco, también fue un reconocido activista que lideraba esfuerzos encaminados a velar por la protección de derechos de los pueblos indígenas, especialmente aquellos relacionados con las tierras.
Asimismo, participaba en la lucha contra el crimen organizado. Debido a su labor, el sacerdote denunció hace unos años haber recibido amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas, asegurando que se le había puesto “precio a su cabeza”, el cual oscilaba entre 150 mil y un millón de pesos.
Pese a sus solicitudes de protección, las autoridades no respondieron efectivamente, y el sacerdote continuó en su labor “bajo la protección de Dios”, según sus propias palabras.
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