En México, el reparto de utilidades es un derecho constitucional para los trabajadores, y el período de mayo a junio de 2024 marca la expectativa de un ingreso adicional para muchos empleados.
Sin embargo, no todos podrán beneficiarse de este dinero, según las regulaciones de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).
La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece claramente las fechas límite para el reparto de utilidades: el 30 de mayo para empresas y el 29 de junio para patrones.
¿A cuánto ascienden las multas?
Aquellas empresas que no cumplan con esta obligación pueden enfrentar multas considerables, que van desde 50 hasta 5 mil salarios mínimos vigentes, que oscilan entre los 12 mil 446 y un millón 244 mil 650 pesos.
Es importante destacar que no todas las compañías están obligadas a realizar el reparto de utilidades. Existen excepciones claras, como las empresas de nueva creación en su primer año de operación, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y algunas instituciones públicas con fines culturales o de beneficencia.
Además, las empresas con un capital menor al establecido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como las instituciones de asistencia privada sin fines de lucro, también están exentas de esta obligación.
Sin embargo, para aquellos trabajadores que sí tienen derecho a recibir utilidades, es fundamental estar atentos a que estas sean entregadas en tiempo y forma. La LFT establece un plazo de un año para reclamar el pago si no se recibe correctamente.
En caso de incumplimiento por parte de la empresa, los trabajadores tienen la opción de solicitar una inspección por parte de las autoridades laborales. En la Ciudad de México, este proceso puede iniciarse mediante una denuncia por correo electrónico.
La Profedet también está disponible para brindar apoyo a los empleados que no hayan recibido sus utilidades conforme lo marca la ley o que consideren que los montos entregados son menores de lo esperado.
Por ello, el reparto de utilidades es un derecho fundamental para los trabajadores mexicanos, protegido por la ley. Es responsabilidad de las empresas cumplir con esta obligación, y aquellos que no lo hagan podrían enfrentar consecuencias legales.
Por otro lado, los trabajadores deben estar informados sobre sus derechos y actuar en caso de cualquier irregularidad en el pago de utilidades.
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