Se llevó a cabo la clausura de dos estaciones de gas ilegales en Ecatepec y Chimalhuacán, recibiendo el respaldo de vecinos y activistas en el estado de México. Las instalaciones en cuestión, identificadas como Grupo Flores y Chimalgas, respectivamente, representaban un riesgo evidente para la población al encontrarse en las proximidades de instituciones educativas, centros de salud y zonas residenciales.
A pesar de la aprobación inicial, se instó a la Gobernadora Delfina Gómez a adoptar medidas que impidan la posible reapertura de estas estaciones, dado que circulan informes sobre la intención de Victoria Arriaga, segunda al mando en la Coordinación de Protección Civil, de autorizar su funcionamiento nuevamente.
Chimalgas, ubicada en Avenida Del Peñón 100, Barrio Xochiaca, fue objeto de previas manifestaciones por parte de residentes locales. En dos ocasiones, bloquearon la avenida Peñón para alertar sobre los riesgos asociados a esta gasera en una zona densamente poblada.
A pesar de las solicitudes anteriores, las autoridades locales mostraron preferencia hacia los propietarios de Chimalgas.
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano respondió a las inquietudes de los vecinos y realizó una revisión de la documentación de Chimalgas, evidenciando la falta de un dictamen de impacto ambiental. Esta carencia fundamentó la decisión de clausurar la instalación de manera temporal.
Sin respaldo oficial
Por su parte, Grupo Flores, situada en Moctezuma 68, Colonia Granjas Independencia, Ecatepec de Morelos, también generó preocupaciones entre la comunidad local. Vecinos denunciaron presuntas violaciones a los sellos de suspensión en esta gasera, construida de forma irregular y detenida por las autoridades gubernamentales.
Aunque la clausura temporal ha sido implementada, los residentes manifiestan su insatisfacción, argumentando que persiste un riesgo real para las familias circundantes y los estudiantes de las escuelas cercanas.
Problema energético
La venta de combustible robado en gasolineras clandestinas, conocido como “huachicoleo”, es un fenómeno preocupante en México. Se estima que aproximadamente el 8% del gas LP vendido en el país es producto de estas prácticas ilegales, con porcentajes más elevados en regiones específicas.
El robo y venta ilícita de combustible constituyen delitos con consecuencias legales severas. Además, las operaciones clandestinas representan un riesgo de explosiones y otros incidentes significativos para la seguridad pública.
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